Distintos medios de comunicación han aportado pruebas documentales que demuestran una prevaricación lamentable. El Gobierno de la Generalidad tomó la decisión discriminatoria e ilegal de vacunar a sus policías y posponer la medida para la Policía Nacional y para la Guardia Civil. La aberrante discriminación ha merecido denuncias y críticas de los más diversos sectores, salvo de los medios afines a los partidos secesionistas y al presidente de la Generalidad.
No es de recibo que se considere a policías nacionales y guardias civiles agentes de un Estado opresor. Desde hace más de cinco siglos Cataluña forma parte de la unidad territorial y política de España y los catalanes votaron abrumadoramente la Constitución de 1978, la Carta Magna que obliga a todos los españoles, libres e iguales ante la ley.
Lo de menos, siendo muy grave, es que si los policías nacionales y los guardias civiles enferman de la Covid-19 pueden contagiar a las ciudadanas y a los ciudadanos que nada tienen que ver con las utopías de Puigdemont y ERC. Lo de más es que resulta sangrante que se favorezca a un sector de las Fuerzas de Seguridad en perjuicio de otros. A eso se le llama prevaricación y es un delito, un caso flagrante de discriminación inaudita.
El 80% de los mozos de Escuadra han sido vacunados. Solo el 4% de los policías y guardias civiles. De los 3.500 guardias civiles que garantizan el orden en Cataluña solo 200 han sido vacunados. De los 3.300 agentes de la Policía Nacional, solo 100. A fecha de hoy. Que las cosas cambiarán parece seguro. Pero la tropelía se ha cometido y la Fiscalía debería ponerse en marcha de inmediato.