Cobra fuerza la posibilidad de la expropiación de Aerolíneas

La ley aprobada esta semana establece los términos de un contrato de compra y venta entre una empresa privada (Interinvest-Marsans) y el Estado. En concreto, indica que el precio de esa compra será decidido exclusivamente por un organismo del Estado, el Tribunal de Tasaciones y que, posteriormente, deberá pasar por la aprobación del Congreso. En otras palabras, la parte vendedora no tiene voz ni voto: debe aceptar lo que el Estado decida pagarle o recurrir a la Justicia. Es decir, tal y como señalan los expertos, se trata de una especie de semi expropiación.

La visión del Ejecutivo, sin embargo, difiere de esta opinión, tal y como señala el diario argentino Clarín. Funcionarios a cargo del tema han declarado al periódico que "la norma convalida nuestro planteo de que las acciones deben ser compradas por la vía del acuerdo. Y eso fue votado por una enorme mayoría de legisladores. Sólo se modificó en parte la forma en que se valúen esas acciones".

Marsans, por su parte, ya dejó establecida su posición el lunes, a través de su director Vicente Muñoz. Para ellos, lo que vale es el Acta Acuerdo que firmaron con el Poder Ejecutivo y ésta no sólo le otorga a Marsans la posibilidad de hacer su propia valuación de Aerolíneas y Austral, sino que, además, dice que si no hay acuerdo entre las partes una consultora de "prestigio internacional" será la que ponga el precio.

De hecho, Muñoz advirtió a los senadores de que en caso de desacuerdo con el Gobierno argentino irán directamente ante el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial. Si finalmente, se las autoridades argentinas se deciden por la vía de la expropiación, deberán hacerlo a través de una nueva ley, que deberá aprobar el Congreso y enfrentarse, además, a los intereses de los acreedores quienes se les debe miles de dólares.

Sea como sea, ninguno de los diez artículos de la ley dice qué hacer exactamente si las dos partes no se ponen de acuerdo. Según informa la web www.infolatam.com, en el Poder Ejecutivo, al menos hasta la noche de ayer, nadie mencionaba la posibilidad de vetar la ley, de manera parcial o total y sí cobraba cada vez más fuerza la posibilidad de una expropiación.

En tanto, el Estado argentino sigue desembolsando dinero para mantener la compañía en funcionamiento: este mes, los desembolsos sumarán $ 92 millones, con lo que el aporte del Fisco ya superará los $ 400 millones.