Todo parece indicar que, si el electorado de Madrid confirma las expectativas, el próximo 4 de mayo va a ser una fecha histórica, no solamente para el gobierno de la Comunidad Autónoma de la capital de España, sino para el futuro entero de la Nación.
Es normal, dada la condición humana, que, tras más de cuarenta años de funcionamiento de un régimen constitucional como el que, con tanto éxito, logró implantarse en España en 1978, el sistema tenga que afrontar una crisis, más o menos larga y severa, por una multiplicidad de causas, entre las cuales no cabe relegar la relevancia del cambio generacional, además del desgaste que generan las malas prácticas, los errores, a la postre inevitables, en toda sociedad, que pueden poner en entredicho los fundamentos mismos del sistema.
No son muchos los sistemas constitucionales que han logrado consolidarse históricamente más allá de medio siglo, y los que lo han conseguido, favoreciendo la estabilidad y el progreso de los correspondientes países, no han dejado de lograrlo porque han acertado a superar las naturales crisis más o menos intensas padecidas. La más prolongada democracia constitucional que, como es sabido, tuvo su origen en la Constitución federal norteamericana de 1787 pasó por diversos momentos difíciles, ya con la fuerte confrontación de las elecciones de 1800, en las que Jefferson y su partido republicano impidieron un segundo mandato al Presidente John Adams, segundo de los presidentes de la joven república, respaldado por el partido federalista que impulsaba Hamilton. Hasta las elecciones de 1824, el partido republicano jeffersoniano mantuvo, a pesar de todo, su relativa hegemonía con las presidencias de Madison y Monroe. Bajo la presidencia de John Quincy Adams, el 6º Presidente, que, como su padre, no lograría repetir mandato, la crisis política generalizada, cuando habían transcurrido escasamente 40 años desde el nacimiento del nuevo Estado constitucional, amenazaba a su subsistencia. La crisis comenzaría a resolverse bajo el liderazgo inopinado de un hombre nuevo, el General Andrew Jackson, que, al aprobarse la Constitución de 1787 contaba con 20 años y, aunque personaje muy discutido y discutible, sería el fundador del partido demócrata que, ciertamente con muchos cambios, ha llegado hasta nuestros días, como llegaría también el partido republicano, tras su refundación ulterior, ya en la etapa de Abraham Lincoln, cuando el sistema constitucional norteamericano hubo de afrontar su más grave crisis con la guerra de secesión, tras cuyo final comenzaría realmente la consolidación y progreso sucesivo de la gran nación americana.
Valgan esos meros e imprecisos retazos para recordar lo evidente. Tras una generación vienen otras y la clave del éxito nacional de un sistema constitucional es que las nuevas generaciones acierten a enderezar lo que haya podido torcerse con el paso del tiempo y logren consolidar y mejorar el edificio, manteniendo y restaurando la continuidad. Si mirásemos lo que ha ocurrido en Francia a partir de 1958 –solo 20 años antes que en España- o en la Alemania federal nacida en 1949, o en Bélgica desde que obtuvo su independencia en 1830, nos encontraremos con problemas y respuestas análogas.
El certero sistema constitucional español de 1978 ha empezado a verse seriamente amenazado desde hace unos años, con la aparición en el escenario político de una nueva generación cuyas personalidades más activas no “vivieron” ya los acontecimientos con los que España asombró al mundo en la segunda mitad de los setenta, y han impulsado una cierta balkanización partidista, o han radicalizado a los movimientos “nacionalistas” periféricos que han llegado a plantear abiertamente la separación. Cierto, con la participación también de no pocos que sí habían vivido más de cerca los orígenes y desarrollo de nuestro sistema constitucional e incluso habían obtenido no pocos beneficios de él.
Crece la evidencia de la necesidad de corregir la deriva y de volver a una política inclusiva, de colaboración solidaria, de integración efectiva, aun desde las posiciones que cada cual legítimamente sostenga. Urge recomponer en lo esencial un bipartidismo en el que los partidos cumplan su función interna y externa de armonización y síntesis democráticas de posiciones y preferencias, que permita al país contar con un gobierno consistente y una oposición razonable y firme, penetrada de responsabilidad nacional. Y hay, claro, que superar –también con ello- los problemas que generan los minoritarios pero relevantes sectores separatistas.
Las cosas no son simples, ciertamente. Pero en Madrid ha surgido un liderazgo político en la Comunidad Autónoma, en sintonía con el ejercido en la misma fuerza política a nivel nacional y en el Ayuntamiento, que, sin duda, se vincula a un neto relevo generacional y que reúne muy esperanzadoras condiciones para contribuir eficazmente a la renovación y consolidación políticas que necesitamos. No es la menor de esas condiciones la claridad y convicción con que se presentan y defienden las ideas que conforman el proyecto, sin ninguna clase de complejos, y con el debido respeto a las ideas del adversario y a su propia identidad, aun sin reducir por ello la neta y firme expresión de la discrepancia. Aparte, por supuesto, de lo acertado de las más de esas ideas y propuestas que explican el incremento del respaldo que se anuncia.
Parece probable que finalmente el PP, aun fuertemente recuperado, tendrá que llegar a acuerdos con VOX. Puede ser un momento decisivo, no sólo para conformar un buen y estable gobierno de Madrid, sino para iniciar un nuevo clima de reintegración entre ambas fuerzas políticas, que requerirá capacidad de escuchar y de entender y de ceder y de acordar, desde la persuasión democrática de la necesidad de conseguir convergencias que permitan salvaguardar en la mayor medida posible lo que unos y otros estimen de más valor, de modo que pueda lograrse un respaldo nacional amplio que renueve el gobierno nacional.