La violencia de la campaña electoral del 4-M ha llegado al BOE. Hay que denunciar a Podemos por lanzar a sus tropas a apedreara a Santiago Abascal por celebrar un mitin en Vallecas. Hay que denunciar a Vox por burlarse de Pablo Iglesias, que asegura haber recibido una carta con amenazas de muerte. Pero más aún, hay que condenar la violencia institucional de Pedro Sánchez que ha plasmado en el Boletín Oficial del Estado su odio al PP, más delito que nunca por tratarse de un insulto al partido de la Oposición en el preámbulo de una ley que lleva la preceptiva firma del Rey.
Es inaudito e inadmisible que en el preámbulo de la modificación del artículo 315.3 del Código Penal, el PSOE acuse al PP de aprovechar la crisis económica para desmantelar las libertades. Por primera vez en la Historia, el Boletín Oficial del Estado acoge los eslóganes del partido del Gobierno. En el párrafo se puede leer que “con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.
Se trata de un escandaloso panfleto electoral que el PSOE ha colado en el BOE en su intento desesperado de erosionar al PP en vísperas del 4-M. A Pedro Sánchez no le basta con poner al Gobierno en pleno y a todas las Instituciones del Estado a trabajar a destajo para no salir trasquilado el 4-M. No le basta con manipular descaradamente la última encuesta del CIS para animar a la izquierda ante la previsible victoria de Isabel Díaz Ayuso. Ahora, aprovecha las páginas del BOE para insultar al PP e involucra hasta al Rey, que debe firmar las leyes aprobadas por el Parlamento.
La violencia se puede producir por las pedradas asesinas contra un partido cuando celebra un mitin, por las cartas amenazantes a un candidato de no se sabe quién. Pero más grave aún es cometer un delito de odio en las páginas del BOE, el documento que recoge las leyes promulgadas a lo largo de la historia de España.