La España subsidiada a la que aspiraba y tal vez siga aspirando el Gobierno del Frente Popular encabezado por Pedro Sánchez no está lejos de convertirse en realidad. Daniel Viaña en el diario El Mundo ha publicado un reportaje de investigación que deja las cosas claras.
España, según esta información debidamente contrastada, gasta 294.841 millones de euros al año, en pagar a funcionarios y pensionistas. El gasto de las nóminas públicas ha crecido hasta el 116% desde el año 2000. El PIB español ha caído desde los 1.244 billones hasta los 1,119. Amiguetes, parientes y paniaguados de Pedro Sánchez y de sus altos cargos han encontrado colocación en las Administraciones y empresas públicas. Incontables ya los asesores que no hacen nada, pero que cobran a cargo de unos impuestos que sangran la economía de los ciudadanos españoles. La hemorragia no cesa. La voracidad de los sanchistas carece límites. El “Sánchez, colócanos a todos” es un hecho cada semana más alarmante.
Daniel Viaña aporta datos incontrovertibles. En el año 2000 el coste de los sueldos de los funcionarios se elevaba a 64.995 millones. Ahora supera los 140.000 millones. El horizonte de la economía española inquieta a todos. Han cerrado durante la pandemia más de 200.000 empresas. Una buena parte de los ertes se quedarán en desempleados y el paro zurrará al cuerpo central de la economía nacional. Cuando la situación sanitaria y política exigía la austeridad y la reducción del gasto público, la gestión del Gobierno sanchista ha sido todo lo contrario. Avanzamos con paso firme hacia el precipicio y de poco valdrán las ayudas europeas si seguimos por este camino. Hacemos lo contrario de lo que conviene hacer. Incluso la quiebra técnica del Estado amenaza. No se trata de catastrofismos estériles. Se trata de poner los pies sobre la realidad y establecer las fórmulas económicas que permitan a la nación prosperar.