Aerolíneas Argentinas: entre nacionalización y expropiación

Durante una entrevista publicada en un diario argentino en estos días, el director corporativo de Interinvest (Marsans), Vicente Muñoz, declaró como existe la posibilidad “de retomar la gestión de la compañía” si no se llaga a un acuerdo con la tasación del Tribunal de Tasación, subrayando como “el Congreso habilita a comprar la empresa, pero nosotros no estamos obligados a vender”. El director corporativo afirmó que “los acuerdos no se han cumplido” y que el grupo español ha recurrido al Credit Suisse para que valore las acciones de esa línea aérea. Muñoz alegó que el precio por las acciones le debe gustar tanto al Estado argentino como a Marsans, anunciando, en caso de que fracase la compraventa y se proceda a una exprociación, la posibilidad de acudir a un tribunal internacional. La posibilidad de una resulta expropiación resulta concreto: de hecho, hace unos días el secretario de Transporte argentino, Ricardo Jaime, aseguró que la expropiación representaría una eventualidad concreta “en caso que el grupo español no acepté el precio de la operación de compraventa”.

La situación sigue complicada y la compañía área sigue versando en un estado de crisis: en el último trimestre de 2007 y los primeros seis de 2008, ha perdido más de 280 millones de dólares, tanto que su deuda exigible ha ya alcanzado los 240 millones de dólares. Para mantener la compañía viva, el Estado argentino sigue solventando dinero y el coste se hace cada día más oneroso. Aerolíneas Argentina concentra el 80% de los vuelos domésticos en Argentina y su futuro se presenta muy incierto: el litigio sobre su compraventa no sólo no resulta inoportuno cuanto dañino por la vida de la compañía, que técnicamente está en quiebra.

Mientras tanto la opinión pública argentina sigue la vicisitud con desinterés, mostrándose partidaria de la estatización, como reflejo de la corriente de opinión “estatista” que se desarrollo a partir de la grave crisis de 2001. Por su parte, la estatización de la compañía siempre ha representado uno de los objetivos del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, poniéndolo en su agenda política desde el inicio de su mandato. Por eso, en esos últimos días, su gobierno envió al Congreso y apoyó un proyecto de Ley para ratificar la nacionalización de la compañía, que, sin embargo, fue aprobado con reservas.

La expropiación podría representar la peor solución al caso, influyendo en las relaciones entre Argentina y España: la posibilidad que el incidente termine en los tribunales internacionales obligaría España a “enfrentarse” con el gobierno argentino y mostrar su contrariedad. En la actual situación de incertidumbre, todo parece aún posible, mientras es la compañía misma quien está sufriendo los costes más altos (económicos y no solos) de la falta de claridad y de la ausencia de un acuerdo.