Desde que el liberal británico Gladstone dijera que el dinero fructifica mejor en los bolsillos del pueblo que en los del Estado, el socialismo planificador e intervencionista se aplicó a llenar los bolsillos del ciudadano con cachivaches que le impidieran guardar su dinero. Primero, metieron una ética de bolsillo, que era un puro relativismo del “todo vale” y del “como sea”. Luego, encajaron una concepción, también de bolsillo, sobre la democracia, según la cual, la igualdad y el bienestar solo se logran con la izquierda en el poder. El objetivo era que la gente, ya con los bolsillos atiborrados de mercancías de contrabando, no pudiera introducir ni un solo penique. Porque según el socialismo, que se había humanizado e, incluso, había humanizado al Estado, éste se encargaría de administrar el dinero de todos. Y es que el humanitarismo es el maquillaje que usa la maquinaria colectivista del Estado socialdemócrata del bienestar.
En la posguerra mundial, condicionado por los desastres bélicos y la indigencia generalizada, y sobre todo por influencia del laborismo y la socialdemocracia, el Estado del bienestar se hipertrofia atragantado por la idea del servicio público y de los derechos sociales. Hasta la educación pretenden aún convertirla en un servicio público. Como presidente de la Fundación Encuentro, Martin Patino decía que el modelo de Estado vertebrado a través de los servicios públicos no lleva necesariamente a la eficacia social en la búsqueda del progreso y la igualdad. La ramificación de los servicios públicos ensancha su alcance, pero no su eficacia. Según el economista liberal Huerta de Soto, la eficacia y la ética deben presidir el mercado. En el mercado no debe existir solamente eficacia (análisis de costes y beneficios), sino también ética en el comportamiento humano (saber lo que es bueno y justo moralmente). Para el politólogo Benigno Pendás, el liberalismo en sentido europeo no significa abstención del poder político. Consiste en la separación entre Estado y Sociedad, pero la tarea de aquél consiste en crear las condiciones mínimas que regulen el funcionamiento espontáneo del mercado. Su labor ha de ser como la del árbitro en una competición deportiva. No es ni debe ser protagonista, pero garantiza el juego limpio y toma medidas drásticas, si hace falta, contra los jugadores que vulneran las reglas.
Ante la actual convulsión económica y social provocada por la pandemia y su desastrosa gestión, otra vez los adalides del letal intervencionismo estatal y la nefasta distribución proporcional de los bienes, pretenden amarrar el poder político y el poder económico en unas solas manos. De nuevo, persiguen imponer una planificación liberticida que cercena la iniciativa individual y de pequeños grupos e impide la creación de riqueza, pretendiendo compensarlo con las prestaciones que el Estado reparte al detraerlas de la sociedad vía impuestos. Una vez más, el fin es asfixiar la autofinanciación de los ciudadanos con una fuerte presión fiscal. Volvemos al cuento de repartir y no producir, empeñados en convertir el Estado del bienestar en Estado del malestar.