El prófugo Carlos Puigdemont, perseguido por la Justicia española, ha declarado: “Ceuta y Melilla son africanas. Son marroquíes”. Hay que ser muy miserable y estar desesperado para hacer esta afirmación. Desde hace cinco siglos, Ceuta y Melilla son ciudades españolas como Madrid, Sevilla, Zaragoza, Bilbao o Barcelona.
La torpeza del ministerio de Asuntos Exteriores y la soberbia de Pedro Sánchez, unidos al condicionante podemita, impidió que el Gobierno español consultara con el marroquí si era procedente acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital español para tratarle de la Covid 19. España podía y debía mantener su posición sobre el Sahara conforme a las disposiciones de Naciones Unidas. Pero Marruecos, nuestro vecino, considera que el Frente Polisario es una organización terrorista que atenta contra los intereses marroquíes en un territorio que Rabat ha sumado a su soberanía nacional.
Solo la torpeza y el desdén podían conducir a tratar a Marruecos desde posiciones que el monarca marroquí considera inaceptables. Idéntica actitud mantuvo España en todo lo relacionado con ETA. El frentepopulismo del Gobierno sanchista, en su afán de identificarse con posiciones de extrema izquierda, ha maltratado a Marruecos provocando una crisis de consecuencias impredecibles.
Eso no quiere decir que Rabat tenga razón. Las medidas adoptadas para advertir a España, con el alud de migrantes incontrolados, no es de recibo. Y el sentido nacional exige la solidaridad de todos los partidos frente a la tropelía marroquí. Eso sí, sin perder el sentido de la realidad. Un Gobierno con comunistas es inaceptable, hoy por hoy, para el mundo occidental y, de forma destacada, para la Unión Europea.