La crisis y el hundimiento electoral de la UCD, y su sustitución en el espacio político regional por Alianza Popular, tras la formación del gobierno socialista de Felipe González en el otoño de 1982, produciría el efecto de que todo lo que se había avanzado en cuando a integración regional, sería en gran parte desandado cuando se recuperaron los discursos provincialistas de los años de la transición. León y Segovia, controlados por dirigentes provinciales (ideológicamente historicistas), serían un difícil obstáculo en la travesía de la Región hacia el Estatuto de Autonomía.
Pero en las demás provincias, el regionalismo tradicionalista que había sucumbido con Alianza Regional, iba a hacer entrada en el Congreso y en el Senado elegidos en octubre de 1982, resucitado en pintorescos parlamentarios de Alianza Popular, cuyo discurso común consistía en denunciar la artificialidad del proyecto regional en nombre de la sagrada historia de cada provincia, o de cada pueblo, como sería el caso de un alcalde del municipio burgalés de Villadiego, convertido en senador gracias al apoyo del antiguo líder de Alianza Regional, José María Codón, porque en el pleno de su ayuntamiento había aprobado segregar Villadiego de la Región en un estruendoso pleno municipal.
De hecho, la oposición política regional no votaría favorablemente el Estatuto de Autonomía, y practicó hasta 1987 una estrategia de erosión de las instituciones y de la idea misma de la Región.
La provincia de Segovia, tuvo que ser incorporada al mapa regional mediante ley singular debido a la tenaz resistencia ejercida por los conservadores que pretendían convertirla en región autónoma. Una vez en vigor, el Estatuto sería impugnado ante el Tribunal Constitucional. Convocadas las elecciones regionales en la primavera de 1983, era tal la división de la derecha política en proyectos provinciales que no fue capaz de presentar un candidato a la presidencia del gobierno de Castilla y León.
Una vez constituidas las Cortes regionales, el gobierno del socialista Demetrio Madrid tuvo que vérselas con una oposición cuyo mensaje no era otro que el de identificar la autonomía regional con el despilfarro y la arbitrariedad. La oposición conservadora, aupada en una opinión pública cuya conciencia regional era débil o francamente reluctante, se negaría a pactar con el gobierno de Demetrio Madrid las normas básicas con las que se estaban edificando desde la nada las instituciones regionales.
No habría acuerdo en la ubicación de la sede oficial de las instituciones regionales, la Junta y las Cortes, pues la oposición regional reclamaba para ello, simultáneamente, los títulos históricos de Burgos, León y hasta de Tordesillas. Los intentos de concentrar esfuerzos en favor de la solución de los problemas reales de una región despoblada, envejecida y con una reducida capacidad emprendedora, eran anulados con la droga ideológica de los derechos reclamados en virtud de un pasado supuestamente glorioso, enarbolado allí donde un líder conservador ingenioso conseguía que el orgullo local se levantase contra cualquiera que, en nombre de la región, osase adquirir por eso alguna función en ella.
Villalar sería consagrado legalmente por el primer gobierno autónomo como símbolo regional, y el día de la batalla, declarado fiesta regional.
La oposición se opondría decididamente a ambos. Aunque vivían bajo una monarquía parlamentaria, tal vez por el hecho de que aquellos años fueran los de un dominio electoral socialista en toda España, los políticos conservadores de Castilla y León parecían descubrir en Villalar, lo que Villalar había significado en la cultura política española en épocas anteriores: el republicanismo, el laicismo e incluso la anarquía.
Propusieron que se declarase al rey castellanoleonés Fernando el Santo, símbolo regional, y el día de su santoral, la fiesta de Castilla y León. Cuando la ley que declaraba festivo el 23 de Abril entró en vigor, y ya que el gobierno regional tuvo que prescindir por eso del carácter festivo del día de San José, la campaña contra Villalar se revistió de ropajes clericales, aliviado su rigor solo gracias a que, no muy convencidos de que la población atendiese sus alegatos a favor del santo carpintero, señalaban también el grave perjuicio que la supresión de la fiesta del Día del Padre iba a ocasionar al gremio de los pasteleros y confiteros de la Región.
Pero además, el gobierno regional no supo calcular el efecto que tendrían los actos festivos que desde 1984 se programarían en la llamada “campa de Villalar”. Atraídos por los conciertos musicales que desde la víspera se celebraban en la campa, cientos de miembros de tribus urbanas camparían allí por sus respetos, confirmando los temores de la burguesía conservadora regional acerca de que el regionalismo y sus conmemoraciones atraían violencia, subversión y excesos. Paralelamente, toda suerte de grupúsculos radicales, incluidos simpatizantes del terrorismo nacionalista vasco, se congregarían al amparo de las celebraciones festivas, desencadenando actos vandálicos contra símbolos constitucionales, como las banderas del ayuntamiento, o contra las fuerzas del orden público. Año tras año, los representantes de los partidos de la izquierda parlamentaria han participado en una arriesgada liturgia, consistente en depositar una corona floral en el monolito comunero, protegidos de los ataques de grupúsculos violentos por las fuerzas antidisturbios, que en ocasiones debieron emplearse a fondo.
Con la llegada al poder en 1987 del gobierno conservador de José María Aznar, la fiesta de Villalar, contra lo que hubiera cabido esperar, no fue suprimida. Pagando el tributo al localismo con el que habían arañado el triunfo electoral, el gobierno decidió celebrar la fiesta regional cada año en una capital de provincia distinta. Normalmente se elegía para ello palacios, templos o conventos asociados a una visión convencional de la historia de los reinos medievales españoles. La oposición socialista regional, coherente con su compromiso con las instituciones, aunque participaba en los actos oficiales itinerantes, acudió también siempre a ofrendar al monolito de Villalar.
Hasta aquí la historia reciente. ¿Tiene Villalar, o cualquier otro símbolo, la capacidad de unir la Comunidad de Castilla y León en un proyecto compartido? O tal vez, ¿habría que encontrar un sitio más decisivo a las diputaciones provinciales en las leyes o en el propio Estatuto de Autonomía, como lo intentó en su día el presidente José Constantino Nalda, y cuyo modelo sería la ley de Territorios Históricos del País Vasco?