La oleada de inmigrantes -entre ellos, centenares de niños- arrojados desde Marruecos sobre la frontera de Ceuta y la continua llegada de embarcaciones a las costas de Canarias y de Almería en las últimas semanas han traído de nuevo al debate las carencias de la política de la Unión Europea en materia de inmigración. Se hace mucho hincapié en las cuestiones económicas -el incremento de fondos para los países limítrofes con espacio de la Unión, por ejemplo- y en asuntos operativos como el despliegue de FRONTEX, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Se insiste en la necesidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado recurran a los efectivos de la agencia europea para proteger el sur del continente.
Sin embargo, detrás de estas propuestas, hay un postulado: la inmigración ilegal es inevitable. Es un problema que no se puede resolver, sino que sólo se puede mitigar. De hecho, en España y en otros países, asistimos a una manipulación del lenguaje que tiene dos vertientes. Por un lado, se presenta a los inmigrantes como “refugiados” sean cuales sean las razones que los mueven a abandonar su país. Se equipara una guerra civil, como la de Siria, o una persecución religiosa (como la sufrida por los cristianos y los yazidíes a manos del Estado Islámico) con la emigración por motivos económicos (la llegada de Marruecos, por ejemplo) o por causas ambientales, como la sequía. Todos los que llegan se presentan como “refugiados” o, la otra palabra talismán, “migrantes”. La supresión del prefijo “in” eliminaría el matiz de que no van de un sito a otro, sino que alcanzan España -y en general, Europa- para quedarse.
Esta tendencia política ha quedado reforzada por el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que es un acuerdo intergubernamental, suscrito en Marrakech en 2018 bajo el auspicio de Naciones Unidas, que ha dotado a los Estados firmantes, entre los que está España, de un marco internacional jurídico-político que reforzará las medidas que se vienen adoptando tendentes a propiciar la inmigración.
Conviene advertir, no obstante, que no todos los países han firmado ese pacto; por ejemplo, miembros de la Unión Europea como Austria, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia y Eslovaquia. Los Estados Unidos ni siquiera participaron en la negociación. Bélgica lo firmó y esta decisión supuso la caída del gobierno. Brasil se retiró en 2019. Tampoco lo ha suscrito Suiza.
Existen alternativas a la equiparación, por ejemplo, entre inmigración económica y la huida de conflictos armados o de persecución religiosa. Hay otras posibilidades distintas de asumir que quien llega ilegalmente al territorio de un Estado tiene que terminar regularizado. Caben otras políticas que privilegien la intervención en los países de origen, la ayuda a los verdaderos refugiados, la inmigración ordenada y regular y la protección de las fronteras nacionales y del espacio de la Unión Europea. Existen partidarios de favorecer la inmigración de nacionales de otros países con los que se mantienen vínculos históricos, culturales o religiosos.
El caso húngaro me parece especialmente interesante.
A Hungría y a los otros países del grupo de Visegrado -Polonia, la República Checa y Eslovaquia- los tratan de estigmatizar por su empeño en proteger las fronteras, en exigir una inmigración legal y en aplicar una política rigurosa en materia de asilo y de seguridad. Sin embargo, no se habla mucho de sus esfuerzos para ayudar a verdaderos refugiados y desplazados y para evitar la destrucción de sus comunidades por la emigración de sus miembros.
En el gobierno húngaro, hay una Secretaría de Estado para la Ayuda a los Cristianos y un programa específico dedicado a ellos y a otras minorías religiosas como los yazidíes. Se llama Hungary Helps. Desde 2017, Hungría ha centrado sus esfuerzos en auxiliar a estas comunidades en sus países de origen. En lugar de contribuir a su desaparición mediante la emigración, las fortalecen mediante la ayuda económica, la educación y la asistencia sanitaria y, en general, social. Se reconstruyen colegios y centros sanitarios, se dan becas a jóvenes cristianos para estudiar en Hungría. La ciudad de Telskuf, en Irak, tiene el sobrenombre de “Hija de Hungría” después de que más de mil familias expulsadas por el Estado Islámico pudiesen regresar a ella gracias a la ayuda de los húngaros. En colaboración con la Iglesia Melquita Greco-católica cien familias cristianas han podido regresar a sus hogares en la ciudad siria de Homs. Esto sí que es ayudar a los perseguidos entre los perseguidos.
Algunos pensarán que es poco esfuerzo, poca gente y pocos beneficiarios, pero conviene recordar que es el esfuerzo de un solo país y sin ayuda de la Unión Europea. El tamaño de su economía es incomparablemente menor que el de Alemania, Francia o los Países Bajos. En la Unión hay Estados mucho más ricos como Luxemburgo o los escandinavos. Imaginen lo que podría hacerse si todos los recursos que se destinan a políticas que -quiérase o no- producen un “efecto llamada” se dedicasen a imponer una inmigración legal y regulada y a ayudar a los verdaderos refugiados y desplazados en sus países de origen.
Esa es la opción húngara.