La Monarquía de todos, encarnada en Juan Carlos I, devolvió al pueblo español la soberanía nacional secuestrada en 1939 por el Ejército vencedor de la guerra incivil. La democracia pluralista plena se estableció en España y la nación ha disfrutado de un largo periodo de libertad y prosperidad.
Al Rey le corresponde, por decisión de la voluntad general del pueblo español libremente expresada, el arbitraje y la moderación entre instituciones, la jefatura de las Fuerzas Armadas y la representación de la nación en el ámbito internacional. El Monarca refrenda con su firma las leyes, pero carece de responsabilidad. No tiene capacidad constitucional para decidir si firma o no firma las leyes, decretos o indultos que con la rúbrica del ministro correspondiente le plantea el Gobierno.
Felipe VI, el prudente, conforme a su obligación constitucional, firmará los indultos que decida Pedro Sánchez porque el presidente del Gobierno tiene mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Senado y encarna la soberanía nacional.
Otra cosa es la Justicia. El Tribunal Supremo, si en la propuesta de los indultos se produjeran errores previstos en el ordenamiento legal, podría actuar y suspender la aplicación de los indultos. Y el Gobierno deberá respetar la decisión de los jueces y magistrados puesto que la Constitución de 1978 establece la separación de poderes.
Todas estas cuestiones elementales no deberían ser puestas en tela de juicio ni por el Gobierno ni por la oposición. Pero la vida política española está desmadrada y amenaza con entrar en una crisis de consecuencias impredecibles.