Además de la amnistía y la celebración de un referéndum de autodeterminación pactado, los separatistas también exigen a Pedro Sánchez que facilite el regreso a España de Puigdemont, huido cobardemente de la Justicia y al que los indultos que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros todavía no le permiten volver.
Pero el Gobierno ya prepara una nueva triquiñuela legal para cumplir las exigencias de los separatistas. El Ministerio de Justicia lleva semanas trabajando en la reforma del Código Penal para rebajar las penas de cárcel por sedición de 15 a 8 años. Aún más, Ione Belarra, la nueva líder de Podemos, declaró que el delito en cuestión es “una antigualla” y que habría que eliminarlo. Una afirmación que puede ser un globo sonda del Gobierno de coalición para que Puigdemont pueda volver a España como un héroe. Porque, aunque resulte paradójico, los separatistas no han denunciado la cobardía del ex presidente de la Generalidad al huir en secreto a Bélgica, mientras sus compañeros del “procés” eran encarcelados. En su visita a Bruselas, Pere Aragonés mandó un recado al Gobierno para que resolviera la situación penal del fugado.
Pedro Sánchez necesita complacer a sus socios de Gobierno para mantener su apoyo en el Congreso de los Diputados. Y, después de la concesión de los indultos, al presidente apenas le inquieta el regreso en olor de multitudes del prófugo. De nuevo, lo vendería como un gesto de “magnanimidad y reconciliación”. Y, en especial, de “reencuentro” entre su Gobierno y los que intentaron cometer un golpe de Estado. En efecto, como aseguran los separatistas, los indultos son solo el primer paso para proseguir con su hoja de ruta hacia la independencia. Pedro Sánchez lo dejó muy claro en su ópera bufa del Liceo cuando declaró que “hay que dar paso a un nuevo proyecto de país”. Estremece imaginar cómo será ese “proyecto” con Puigdemont y Junqueras campando a sus anchas.