El Tribunal de Cuentas es una institución plenamente constitucional. Desde el establecimiento en España de la democracia pluralista, viene actuando con rigor jurídico y con notable eficacia gracias a una independencia respetada hasta ahora por todos. Para financiar el Diplocat, las delegaciones de la Generalidad en el extranjero y las más varias actividades de los grupos secesionistas catalanes, algunas consejerías del Govern desviaron cuantiosos fondos públicos. El Tribunal de Cuentas se dispone a pasar las correspondientes facturas a los autores de la presunta prevaricación que, si no pagan, podrán ser embargados.
Con el indecente apoyo del Gobierno Sánchez, se ha desencadenado una campaña de desprestigio contra el Tribunal de Cuentas, no solo a escala nacional sino con ramificaciones internacionales. En lugar de respetar la independencia del Tribunal, se le acosa de forma inmisericorde desde la evanescente política del sanchismo. Con tal de justificar la indignidad de la operación indultadora, el Gobierno de la nación se ha alineado con los secesionistas en contra de los más altos Tribunales españoles, desde el Tribunal Supremo al Tribunal de Cuentas, sin descartar que el acoso se reproducirá en su caso contra el Tribunal Constitucional.
La lesión al Estado de Derecho es ya considerable. Aún más, el Gobierno sanchista aspira a dominar la entera administración de la Justicia, fracturando la separación de poderes y concentrándolos todos en el Ejecutivo monclovita.
Para combatir semejante aberración, los partidos políticos democráticos y la sociedad civil deberán promover un “basta ya” y que el clamor se extienda a la opinión pública de forma concluyente.
En Barcelona, el Rey, flanqueado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el presidente de la Generalidad, Pedro Aragonés, subrayó en el MWC la importancia de la estabilidad de España para hacer viables en nuestra nación las grandes muestras internacionales.