Ni siquiera el fraude de crear un fondo para pagar lo que el Tribunal de Cuentas exige a los dirigentes secesionistas catalanes ha hecho reaccionar al Gobierno de Pedro Sánchez. Por el contrario, el Ejecutivo nacional ha descartado recurrir el camelo articulado por la Generalidad, en burla clara a la Justicia española. El Gobierno de Pedro Aragonés se mofa de Pedro Sánchez y se dispone a satisfacer económicamente las exigencias que el Tribunal de Cuentas ha decidido, de forma ejemplarmente independiente, sentenciando a varios líderes separatistas a que paguen el dinero público malversado en las campañas del 1-O por las que el Tribunal Supremo, por unanimidad y tras un proceso y un juicio, judicialmente ejemplares, condenó a penas de prisión a los que habían cometido el grave delito de sedición contra el orden constitucional.
El problema en este momento no es jurídico sino puramente político. Pedro Sánchez no quiere enfrentarse con quienes le sostienen en Moncloa. Necesitó a los secesionistas catalanes y vascos, así como a los proetarras, para la investidura. Precisó de ellos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Y no puede prescindir de sus escaños en el Congreso de los Diputados si quiere aprobar algunas leyes en lo que queda de legislatura, entre ellas los nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Un escándalo, en fin, y una indecencia política que hiere la dignidad de España. Los condenados por el Tribunal Supremo, indultados por el dedo sanchista, podrán continuar socavando los cimientos de España sin verse agobiados por las exigencias económicas del Tribunal de Cuentas.