Eurostat ha publicado recientemente uno de los indicadores económicos más interesantes para entender la marcha de cualquier país, España en nuestro caso. Es el que se refiere a la convergencia entre los diferentes Estados de la Unión Europea, medida en renta per cápita (en términos de paridad de poder adquisitivo, PPA) correspondiente al año 2020. Los datos han pasado casi desapercibidos entre nosotros, ya que los ruidos que dominan nuestro escenario público nos impiden prestar atención a lo importante. Ni siquiera han propiciado un debate serio en las Cortes Generales, como el hecho se merecería. Las Cortes ya no están para estos menesteres sino para trifulcas cada vez más estridentes y grotescas.
El dato de Eurostat es que la renta per cápita española en 2020 se ha situado en el 86 por 100 de la renta media de la Unión Europea, con un descenso de 5 puntos respecto al año anterior. Hay que recordar que con anterioridad a la crisis de Lehman Brothers (2008) la renta española había alcanzado el 102 por 100 de la media de los 27 Estados de la Unión. En este período (2008-2020) hemos retrocedido 16 puntos. Y ya estamos en el pelotón de cola: nos situamos ahora en el puesto 18 de los 27. Países como Chequia, Estonia, Lituania, Eslovenia y Malta nos han superado. Polonia, Hungría y Rumanía han reducido substancialmente su distancia con España. El caso de Rumanía es espectacular: en 2008 nos separaban 50 puntos; ahora nos separan 14. Por el contrario, nuestra diferencia con las grandes economías europeas ha empeorado notablemente. Así, en 2008 nuestro diferencial con Alemania era de 16 puntos; ahora se ha elevado a 35. Pero también hemos empeorado con dos países, cuyas economías no están nada boyantes. Con Francia nuestro diferencial en 2008 era de 7 puntos, ahora lo es de 17. E incluso Italia, a la que logramos el sorpasso hace doce años, nos aventaja ahora en 8 puntos.
Esta penosa dinámica ha provocado que nuestro peso económico en la Unión haya disminuido: si estuvimos cerca de representar el 10 por 100 del PIB de la UE, ahora nuestra economía representa sólo el 8,4 por 100, lo que nos distancia de las tres grandes economías de la Unión: Alemania (el 25 por 100), Francia (el 17,3) e Italia (el 12,0). Todos los avances que hicimos en el período 1996-2008 se han desplomado.
Y, como sabemos bien, en los principales indicadores macroeconómicos (deuda, déficit, paro, paro juvenil, sostenibilidad de las pensiones, incluso demografía), en todos ellos, ahora España se sitúa prácticamente en la cola. España, querámoslo o no, se ha convertido en el enfermo de Europa entre los grandes países de la Unión. Practicaríamos la política del avestruz si atribuyésemos esta ya larga decadencia de 12 años exclusivamente a la acumulación de las dos crisis, la financiera (2008) y la del covid. Otros países las han afrontado y sus resultados son mucho mejores que los nuestros.
Este declive tiene consecuencias. Nuestra política exterior es ahora casi irrelevante. La privilegiada relación con el eje franco-alemán que se labró Felipe González es un bello recuerdo; la que logró José María Aznar con Estados Unidos se ha desmoronado. En América Latina, a pesar de los esfuerzos de nuestras empresas y de la sociedad civil, nuestra influencia ha caído por los suelos. En la OTAN somos los últimos de la clase en la contribución en materia de defensa. La reciente crisis con Marruecos ha hecho patente nuestra debilidad. Reconozcámoslo: vivimos el peor momento en reputación y presencia en la escena internacional desde el comienzo de nuestra democracia.
Hagamos un pequeño ejercicio. Giremos nuestra vista a nuestro país vecino, Italia, que también lleva un largo período de declive con problemas de inestabilidad política y de incapacidad de afrontar reformas indispensables para su modernización económica. Pero no está peor que nosotros. Italia ha visto que los acuerdos de la Unión Europea le suponían una gran oportunidad y se ha puesto las pilas. Necesitaba volver al centro de la escena europea. Y ha acudido a Draghi, quien ha formado un gobierno de unidad nacional con amplio respaldo parlamentario. Draghi ha puesto a Italia en la cabina de mandos europea y con el apoyo del 70 por 100 de los italianos ha puesto en marcha reformas modernizadoras.
Nosotros tenemos problemas mayores que los italianos. El primero de todos es el proceso independentista catalán, que está haciendo un daño incalculable al interés general de España. Que una Administración territorial, con muy amplios poderes, esté en permanente rebelión al Estado e incumpliendo la ley de modo sistemático es una gangrena, que debilita al conjunto de la nación. Además, se ha ido al traste la envidiable estabilidad política que habíamos disfrutado durante cuarenta años. En los últimos cinco se han sucedido tres elecciones generales, lo que marca la temperatura de una democracia enferma.
Pero en este panorama de un sistema político fragmentado y polarizado el hecho más grave es la degradación de nuestras instituciones, que pone en jaque la vigencia misma del modelo de checks and balances, sin el cual cualquier democracia muere. Ya se han producido educadas advertencias de las instituciones europeas y las cancillerías nos observan con preocupación. Ahora no resultamos fiables para estar en el cuarto de máquinas de la Unión Europea, como nos debería corresponder por dimensión y por lealtad desde que ingresamos en el club.
Que la salvación de nuestro declive económico sea el maná de los fondos europeos es un craso error. Es más, puede convertirse en el detonante de una crisis territorial de mayores proporciones en esta especie de reino de taifas en el que nos hemos convertido. El reparto del pastel puede engendrar muchos agravios y afilar muchos cuchillos. Porque este gobierno presenta una realidad bifronte. Es fuerte y arrogante para unas cosas y extremadamente débil para otras. La gestión de la pandemia es una prueba de ello. Sometió a los españoles con las medidas más duras de la Unión Europea, pero después se desentendió del asunto y dejó a las Comunidades Autónomas que camparan a sus anchas, con la excusa de la “cogobernanza”. Estas han recibido el mensaje y, como es natural, están ocupando el terreno que abandona el Estado. El debilitamiento de la unidad nacional es la víctima de esta política suicida.
Pero este declive de España, cuyos datos económicos son inapelables, no es una maldición inevitable. Bastará con volver a hacer lo que hicimos en nuestra historia reciente para superar con éxito retos de magnitud comparable: alcanzar grandes acuerdos nacionales al servicio del interés superior de España, ahora con la Constitución como fundamento y como guía, y con orientaciones acertadas en las políticas a adoptar. Hay que preparar los espíritus para ello. Probablemente serán necesarias unas elecciones generales, que resultarán cruciales para el porvenir de España.