Después del trágico error de retirar las tropas norteamericanas de Afganistán, Joe Biden no puede ceder a la nueva amenaza de los talibanes. Los terroristas pretenden asumir el control del aeropuerto de Kabul el 31 de agosto para impedir que sigan saliendo del país los ciudadanos señalados por colaborar con los países occidentales.
Es evidente, que los talibanes no cumplirán las promesas de “amnistía” y “reconciliación” que esgrimieron tras asumir el poder. Perseguirán, encarcelarán o ejecutarán a todos los afganos que hayan trabajado con Estados Unidos o las embajadas occidentales. Aplicarán sin remilgos la “Sharía”, su radicalizada ley musulmana que dejará sin derechos a las mujeres, que se verán obligadas a desaparecer de la vista, a dejar sus trabajos y a aceptar la autoridad del hombre, ya sea el padre, el marido o el hermano.
El G-7, encabezado en este caso por Boris Johnson, presiona con acierto a Joe Biden para que las tropas norteamericanas, y en consecuencia el resto de fuerzas armadas, permanezcan en el aeropuerto de Kabul para facilitar la salida de los funcionarios nacionales y de todos los colaboradores afganos de sus países. El Ejército debe mantener el control del aeropuerto hasta que salga en libertad el último afgano amenazado de muerte. Después de la humillación de perder la guerra con los talibanes, el presidente norteamericano tiene que contraatacar, aunque solo sea para salvar vidas. No puede arrugarse ante las “líneas rojas” marcadas por el nuevo Gobierno terrorista.
Boris Johson, apoyado por el resto de países del G-7, tienen que convencer a Joe Biden. Después de 20 años de presencia política y militar de Estados Unidos, de colaboración con el anterior gobierno y del trabajo de millones de afganos, resultaría indigno que el presidente norteamericano dejara atrás a los que han colaborado con su país.