Visto bueno del Parlamento a un nuevo CGPJ "politizado"

Ramón Camp i Batalla, vocal designado por CiU, del que es militante. A la izquierda, Margarita Uría, candidata del PNV y diputada del mismo.

La renovación del Consejo no refleja los deseos socialistas, a los que fallará la aritmética cuando se aborden asuntos de gran calado. El PSOE no ha logrado su objetivo de trasladar al Poder Judicial la mayoría progresista que reflejaron las urnas, ya que el PP se asegura una minoría de bloqueo que hará imprescindible su acuerdo para las decisiones más importantes, en las que se requiere una mayoría de tres quintos.

Después de dos años de desencuentro y reproches, PSOE y PP han puesto al día el Consejo General del Poder Judicial. Socialistas y populares han pactado la renovación y curado un problema enquistado y de mal pronóstico, aunque han sembrado desconfianza, sobre todo cuando se ojea la trayectoria de los nuevos miembros del Consejo. Muchos se han llevado las manos a la cabeza. Enfrascados en finiquitar el bloqueo, los partidos no han reparado en echar un vistazo a la confianza de los españoles en sus jueces y han nombrado a representantes que difícilmente pueden desembarazarse de la alargada sombra de unas siglas.

Entre los 20 vocales que integrarán el órgano, se encuentra un consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, una ex secretaria de Estado de Interior del Gobierno de Felipe González, la juez que investigó el caso del ácido bórico, la que instruyó el incendio de Guadalajara o dos diputados, precisamente los candidatos de PNV y CiU. Los lazos, más o menos directos con los partidos, no impiden que los nuevos miembros del CGPJ gocen de presunción de inocencia, si bien socialistas, populares y nacionalistas podrían haber optado por nombres alejados de los parlamentos, afiliaciones y juicios que han sido primera plana en los medios con marcado carácter político.

La renovación tanto del Consejo como del Tribunal Constitucional eran dos tareas pendientes prioritarias en la nueva legislatura. Sin embargo, uno de los capítulos que siempre prosiguen al cambio de dueños de los escaños de la Justicia española es el que plantea la necesidad de una reflexión sobre la injerencia política en asuntos que a ésta deben preocupar pero no ocupar. Gozan de esa presunción de inocencia hasta que no demuestren lo contrario a lo que casi todos sospechan. En sus manos está salvaguardar no sólo el buen gobierno del máximo órgano de los jueces sino el crédito de uno de los tres poderes del Estado, a debate en los últimos días por la, para muchos, irrisoria multa al juez Tirado, quien desatendió la tramitación de una causa por no haber ordenado ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija a Santiago del Valle, presunto autor de la muerte de Mari Luz Cortés.

Apoyos del Congreso
En la votación de este martes, las magistradas Margarita Robles, propuesta por el PSOE, y Gemma Gallego, designada por el PP y conocida por instruir el "caso del ácido bórico", no han conseguido la unanimidad de los demás vocales.

Robles, magistrada del Tribunal Supremo y ex secretaria de Interior, ha obtenido 317 votos de los 321 emitidos, mientras que Gallego, también en la lista de candidatos de extracción judicial ha tenido el voto de 307 diputados.

Junto a ellas y como jurista, otra mujer, la ex parlamentaria Margarita Uría, que el Congreso presentó a instancias del PNV como aspirante a vocal también ha sido de los candidatos que menos votos han cosechado, con 312.

De acuerdo con la elección correspondiente a los seis vocales de extracción judicial que le corresponden a la Cámara baja, además de Robles y Gallego, el próximo día 23 se integrarán en el Consejo como nuevos vocales el candidato del PSOE Carles Cruz -320 votos-, los propuestos por el PP, Pío Aguirre y Miguel Collado, y Miguel Carmona, que propusieron los socialistas. Estos tres últimos han contado con el apoyo de los 321 diputados presentes en el hemiciclo.

Los cuatro juristas, que también formarán parte del órgano de gobierno de los jueces por parte del Congreso serán, aparte de Margarita Uría, Fernando de Rosa -318 votos-, que fue presentado por el PP, así como Gabriela Bravo y José Manuel Gómez Benítez -ambos con 321 sufragios-, que lo fueron por el PSOE.

Estos cuatro tuvieron que superar el pasado día 11 el examen de la comisión de nombramientos del Congreso y contaron con el respaldo de todos los grupos, salvo el de ERC-IU-ICV, que optó por no pronunciarse en protesta por haber sido excluido de las consultas para acordar los nombres propuestos.

Al contrario de lo que suele ser habitual, la Junta de Portavoces ha acordado que no hubiera intervenciones de los grupos en este trámite parlamentario, que se ha desarrollado en dos elecciones diferentes, con dos urnas separadas.

En una de ellas, los diputados han elegido a los candidatos a vocales de extracción judicial acordados por los partidos entre una lista de 35 aspirantes presentados por las asociaciones judiciales, mientras que en la otra urna se elegían a los juristas.

El procedimiento para la renovación del CGPJ, con casi dos años de retraso, continuará mañana en el Senado, donde el Pleno elegirá a los otros diez vocales que le corresponden.