Cuatro años después del esperpento protagonizado en Cataluña por el hoy prófugo Carlos Puigdemont, el mediocre, la vida española transcurre en pleno ejercicio de la democracia pluralista plena. El Rey Felipe VI, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Barcelona presidiendo actos de envergadura judicial y empresarial. Y se producen adhesiones, discrepancias, debates y controversias como corresponde a la libertad reinante en un Estado de Derecho.
Que el presidente republicano de la Generalidad, Pedro Aragonés, no acuda a los actos presididos por el Rey tiene escasa significación política y mucho alarde de mala educación. Carece de importancia. De lo que se trata es de que España se mantenga dentro de la Constitución y de que los grupos secesionistas no solo en Cataluña, también en el País Vasco, tengan claro que la ley es ley para todos. La Carta Magna española es tan liberal que admite las aspiraciones de los que quieren trocear a España si respetan las exigencias establecidas en el texto constitucional. Pedro Aragonés, dentro de la ley, puede plantear la independencia de Cataluña proponiendo la modificación de los artículos necesarios conforme a lo que establece el 168. Necesita conseguir el voto de los dos tercios del Congreso y los dos tercios del Senado. Inmediatamente después, elecciones generales. Y alcanzar los dos tercios del nuevo Congreso y los dos tercios del nuevo Senado. Y de conseguir esas votaciones, se celebraría un referéndum nacional para que todos los españoles, libres e iguales ante la ley, tomen la decisión final.
Ese es el camino que democráticamente debe seguir Pedro Aragonés en lugar de absurdas “mesas de diálogo” que solo contribuyen a enrarecer las cosas y a perder el tiempo.