Una reciente decisión del Tribunal Supremo americano del día 1 del pasado mes de septiembre ha rechazado obligar a un juzgado del Estado de Tejas a condenarle a no aplicar por inconstitucional una reciente ley de dicho Estado que prohíbe abortar a los no nacidos cuyo corazón ya late –a las 6 semanas de embarazo-, aunque encomienda su exigibilidad a los ciudadanos, habilitándoles a reclamar su cumplimiento a los órganos judiciales. El Tribunal, por mayoría, ha tomado esta decisión por varias razones estrictamente procesales, que le han llevado a entender que las numerosas personas y organizaciones que solicitaron de ese modo que el Supremo obligara a impedir la aplicación de una ley restrictiva del aborto no habían cumplido los requisitos legales necesarios para pedir tal cosa, negándose, expresamente, a entrar a valorar si la ley tejana en cuestión es o no inconstitucional. Ello ha traído como consecuencia que, por el momento, esa ley de Texas esté aplicándose, con el revuelo correspondiente entre los que viven de las prácticas abortivas y las organizaciones que defienden el aborto como un derecho, etc. De los 9 magistrados que componen el alto Tribunal, votaron en contra los tres designados por Presidentes demócratas (tenidos por ello como “progresistas”) más el Presidente del Tribunal, C.J. Roberts, nombrado por el Presidente Bush junior y considerado, por ello, “conservador”, y los cuatro han hecho o firmado votos particulares. En el suyo, el Presidente Roberts sostiene que debió accederse a obligar a inaplicar la ley en cuestión, pero no porque su tratamiento del aborto fuera inconstitucional –cuestión en la que a su juicio no cabía entrar en ese proceso- sino por sustraer a las autoridades del Estado de Texas del deber de hacer cumplir la mencionada ley.
Esta sentencia del Supremo y la probabilidad de que en fechas no lejanas tenga que encarar claramente este Tribunal si mantiene o no el criterio sentado por la famosa sentencia Roe v. Wade, de 1973, que declaró inconstitucional la ley, también de Tejas, que, como las de otros Estados de la Unión por entonces, penalizaba el aborto, con la excepción del producido para salvar a la madre, ha suscitado una especie de histeria generalizada en todos los medios americanos más netamente dominados por la ideología “liberal” o “progresista”, que vienen teniendo un enorme poder e influencia en Estados Unidos.
La actual composición del Supremo, tras los tres nombramientos que pudo hacer el Presidente Trump –siempre, claro es, con la anuencia del Senado-, es considerada aplastantemente conservadora, porque el Presidente y otros 5 magistrados han sido nombrados por Presidentes republicanos, mientras que solo 3, como ya hemos dicho, lo han sido por Presidentes demócratas. Y ello hace temer que puedan decidir apartarse de lo dicho por Roe v. Wade hace 48 años. Aunque muchos no querrán recordar que aquella sentencia fue adoptada por un Tribunal que estaba formado también por 6 magistrados nombrados por Presidentes republicanos (2 por Eisenhower y 4 por Nixon, entre ellos el Presidente Burger, con quien, por cierto, se dictó la sentencia que hizo caer al propio Nixon por el Watergate), y 3 nombrados por Presidentes demócratas (1 por Franklin Roosevelt –Douglas, nombrado ¡a sus 40 años!, en 1939-, otro por Kennedy y otro por Johnson).
La sentencia Roe v. Wade, por su contundencia y por la enorme influencia de Estados Unidos en todo el mundo, marcó ciertamente un antes y un después en la historia de la permisibilidad del aborto en el gran país americano y en todo el mundo. La apoyaron 7 Magistrados: 5 de los nombrados por Presidentes republicanos –uno de ellos, Blackmun, fue precisamente el ponente- y 2 de los designados por Presidentes demócratas. Y votaron en contra con breves pero rotundos votos particulares, William Rehnquist, nombrado por el republicano Richard Nixon, y que sería luego por muchos años Presidente del Tribunal, y Byron White, de Colorado, nombrado por el demócrata John Kennedy. La contundencia de sus votos particulares discrepantes sigue resonando, al cabo de los decenios, en defensa del derecho más básico a la vida de quien ya es la realidad individual diferenciada como ser humano en el seno de su madre que hemos sido cada uno de nosotros, y que fue asombrosamente desconocido por aquella sentencia, y en su rechazo, con no menos claridad, de que el Tribunal tomase decisiones que generaban derechos no contemplados en modo alguno en la Constitución americana, con los que sustituía y desplazaba al voto democrático del pueblo en cuestiones altamente discutidas socialmente y no resueltas por la Constitución.
Desde entonces, las evidencias científicas y el debate social no han hecho sino aumentar, como es de sobra conocido. Y los efectos de diversa índole en los comportamientos sociales e incluso en el preocupante declinar demográfico de las poblaciones en las que se han “normalizado” todo tipo de prácticas abortivas, son cada vez más innegables. No tendría, pues, nada de extraño que el Tribunal Supremo revise en algún momento no lejano lo dicho en Roe v. Wade, como unos temen y otros desean. Con la misma legitimidad con que, en otros aspectos cruciales, ha cambiado radicalmente su posición. Bastaría recordar lo que, en ese sentido, supuso una sentencia como la Brown v. Board of Education de 1954, que acabó con el apartheid y consiguiente obligada separación escolar de los afroamericanos, que tiempo antes el mismo Tribunal había admitido. La evolución del pensar social y jurídico conduce, en efecto, al conocimiento mejor y más cabal, tantas veces, mostrándose como más evidente lo que no lo fue o no lo fue tanto en épocas anteriores.
Pero lo inquietante del clima que se está generando por los sectores “progresistas” en Estados Unidos –a los que hacen eco tantos otros en todo el mundo- es la puesta en cuestión de las reglas de juego del Estado de Derecho, del sistema institucional. Lo que hasta ahora se consideraba bueno porque satisfacía determinados intereses, se cuestiona porque puede dejar de satisfacerlos. En los años 30, el Presidente Franklin Roosevelt –muy “progresista” él- quiso ampliar la composición del Tribunal Supremo porque varias de sus sentencias le echaron abajo alguna de sus leyes intervencionistas, aunque la oposición de los republicanos y de no pocos de los demócratas de su propio partido se lo impidieron. Vuelven a escucharse ahora propuestas de ese corte. O se afirma sin rubor que deberían dimitir algunos de los jueces conservadores, para que se restaure un equilibrio en el seno del Tribunal con los nombramientos que podría hacer ahora el Presidente Biden. Y se lanzan todo tipo de discursos apocalípticos si el Tribunal decidiera desvincularse de Roe v. Wade.
No es admisible la arrogancia de quien con sus palabras o gestos amenaza con quebrar las reglas del juego si no se hace lo que él quiere y considera irrenunciable, olvidando que lo mismo podrían hacer entonces quienes discrepan de sus posiciones, haciéndose entonces imposible la vida pacífica y segura en sociedad. El Estado de Derecho y la democracia han establecido los cauces constitucionales, legislativos, judiciales, pertinentes para encauzar y resolver las discrepancias. Atenerse a ellos sólo cuando me dan la razón, es locura o… crimen.