No deja de ser sorprendente como en estos días RTVE anuncia a bombo y platillo la emisión de una docu-serie de cuatro capítulos y que titulan: “Ruiz-Mateos el primer fenómeno viral”. En este documental la cadena pública se limita a recopilar las extravagancias de un emprendedor al que se le despojó con nocturnidad y alevosía del mayor holding español de los años setenta y principios de los ochenta, y que han sido difundidas hasta la saciedad por numerosos medios audio visuales durante tres décadas.
Muchos ciudadanos nos preguntamos que objeto tiene ahora esta serie en la que suponemos se habrá invertido dinero público y que no deja de ser un recordatorio anodino de las peripecias jocosas protagonizadas por un señor, posterior a su esforzada labor dedicando las 24 horas del día durante 25 años en la creación de empresas y puestos de trabajo.
Una reflexión sobre las burlescas actuaciones de un emprendedor al que le hurtan su imperio.
Para entender ese tipo de comportamiento, sería necesario acudir a los análisis de Psicólogos avezados en vivencias de extrema tragedia acontecidas a personajes de esta talla, que han alcanzado fama, reputación y fortuna, y que de la noche a la mañana, le arrebatan su imperio, incautándole hasta la documentación que daban soporte a su patrimonio, dejándole en una completa indefensión, y por lo tanto vulnerando el artículo 24 de la Constitución, como lo demuestra el Tribunal de Justicia de Londres en Julio de 1983.
A falta de ello, me he permitido hacer una digresión de las capacidades del cerebro humano con el intento de comprender la afectación tanto personal como social de alguien que haya sido tratado tan duramente por la vida. Desde la aparición del homo-sapiens en la prehistoria, su cerebro ha ido evolucionando, partiendo del reptiliano que cubre sus necesidades fisiológicas, hacía el límbico y el Neo-Cortex.
Es muy posible que alguien en estas circunstancias, haya padecido en su cerebro reptiliano un proceso de taquicardia, falta de apetito e incluso una inclinación a la bebida.
La sacudida de un hecho de esta magnitud en el cerebro límbico, debió de ser brutal, poniendo en ebullición la rabia, la ira y la impotencia.
El impacto en el Neo-cortex, es posible que alterara sustancialmente su estado de ánimo, bloqueando la conciencia y el auto-control emocional, auspiciando comportamientos disparatados, como su repentina fuga a Londres, sus disfraces y discursos en plazas y avenidas contra la justicia, así como en la contratación de amiguetes y fans (Los guerrilleros que mencionan en la docu-serie de RTVE) que le acompañaron para sus sainetes y parodias.
En la Docu-serie de RTVE, a uno de los capítulos lo titulan: “Una controvertida expropiación puso fin al Imperio Ruiz-Mateos”.
Transcribo literalmente solo dos puntos de la serie:
Como ejecutivo del grupo de Rumasa y en la que viví intensamente las actuaciones que desencadenaron la expropiación del grupo, me voy a limitar solo a rebatir los dos puntos señalados.
Por lo tanto, es imposible que pudieran hacer una valoración del quebranto patrimonial del grupo Rumasa al 31 de diciembre con un conglomerado de 700 empresas, de diversidad de actividades.
El acoso y derribo al grupo de Rumasa tuvo su genealogía en la agrupación oligárquica de los siete grandes bancos de la época, que observaban como el Banco Atlántico se apoderaba de mayores pasivos o captación de depositarios de fondos y que prestaba unos servicios financieros ágiles en consonancia con los países europeos. Estos señores presionaron al Banco de España y según fuentes periodísticas de investigación prometieron al gobierno en el poder su ayuda financiera para futuras elecciones, con la condición si ne qua non de eliminar al grupo de la abeja.
El gobierno contrató al grupo de auditores Arthur Andersen con el propósito de imponer al grupo de Rumasa una auditoría por meras sospechas de los inspectores del Banco de España de una operativa heterodoxa en la financiación de empresas del grupo con determinados bancos de la organización. Rumasa no tenía obligación de aceptar esta imposición, puesto que su capital accionarial era privado familiar, y no recibía subvenciones públicas que lo obligaran. Por otra parte Rumasa tenía ya contratado los servicios de auditoría de Price Waterhouse. Para conocimiento de los lectores el grupo Arthur Andersen años más tarde fue condenada por la justicia norteamericana por falsear sistemáticamente a uno de los grupos energéticos más importante de Estados Unidos: Anron corporation.
El gobierno apremiaba a la auditora Arthur Andersen para que le entregara un informe aunque fuera provisional del estado patrimonial de las empresas del grupo, pero era un tarea ardua y compleja que necesitaba de un periodo de tiempo que no podían determinar. El ministro Boyer calibró la posibilidad de desacreditar al grupo con una artimaña que no le funcionó.
Diez días antes de la expropiación llamó a la prensa y a los medios de difusión, prometiéndoles darle información acerca de la posible intervención del grupo de Rumasa, acudieron todos los rotativos y empresas de radios. A las preguntas de los periodistas el ministro puso especial énfasis en las dificultades económicas del grupo Rumasa y finalizando que este grupo no era de fiar, que disponía ya de los primeros informes de los auditores que apuntaban a un posible quebranto patrimonial del holding y que además ya tenía problemas de Cash Flow (Financiación), rematando su discurso con : las prácticas heterodoxas de un grupo de empresas que no cumplía con las normas establecidas por el Banco de España.
Al día siguiente y ante la publicación en todos los periódicos y medios de difusión de las palabras del ministro, los clientes de los bancos de Rumasa se alertaron de tal forma que hicieron cola para retirar sus fondos de forma masiva. Los bancos atendieron la petición de los depositarios de cuentas y entregaron en ese mismo día ocho mil quinientos millones de pesetas de forma puntual, con lo que demostraba de forma categórica su solvencia.
Miguel Boyer ante el fracaso en su intento de desestabilizar a las entidades bancarias del grupo, llamó urgentemente a los auditores de Arthur Andersen, ordenándoles que le entregaran los status rapport o informes parciales de las empresas del grupo sin valorar sus activos intangibles como marcas, fondos de comercio ni acreditadas imágenes corporativas como las que estaban adquiriendo el grupo de Bodegas, el extraordinario grupo de hoteles situados en zonas geográficas en alza por el turismo extranjero.
De esta forma la noche del 23 de febrero el Sr.Boyer como ministro de Economía anunciaba a través de la televisión pública la expropiación del grupo de Rumasa por interés social, protegiendo con esta medida el capital humano cercano a los setenta mil puestos de trabajo.
Meses más tarde en Julio de 1983 el Tribunal de Justicia de Londres, al plantearle el gobierno la reivindicación de propiedades en suelo británico del grupo Rumasa, se pronunció declarando inconstitucional la expropiación de Rumasa según el artículo 24 de la constitución que dice textualmente: “Se origina indefensión y por tanto carencia de tutela judicial, cuando se priva a los ciudadanos y organismos empresariales de forma arbitraria incautando su patrimonio y los soportes de documentación que lo respaldan.” En Inglaterra es el equivalente a la obligación de respetar “El due process of law” semejante a la enmienda VI y XIV de la Constitución de Estados Unidos.
Alianza Popular interpuso un recurso de inconstitucional ante el Tribunal de Constitución. El prestigioso diario ABC con fecha 5 de diciembre de 1983 publicó la sospechosa reunión de Felipe González y Guerra con el presidente del Tribunal Constitucional Manuel García Pelayo al que según fuentes periodísticas le conminaron a que se pronunciara a favor de la constitucionalidad del decreto ley de expropiación, aplicando en el empate que se produjo en la votación de los miembros del Tribunal: Su voto de calidad como Presidente. En el libro el Magnicidio empresarial más perverso de la democracia cuyo autor fue ejecutivo del grupo y que fue publicado por Punto Rojo en enero del 2020, se hace una recreación virtual de las conversaciones celebradas en el encuentro del diario ABC.
El 21 de junio de 1993 el Tribunal de Estrasburgo, condena al gobierno por la expropiación de Rumasa al violar los derechos humanos que se contempla en el artículo 24.1 de la Constitución, pero dejando en suspenso las reclamaciones de indemnización de la familia Ruiz-Mateos en concepto de justiprecio, supeditándolo a los resultados de los Balances de Situación que le fueron confiscados, y del que solo aparecía los amañados por la auditora Arthur Andersen.
Una vez que el Estado a través del organismo del INI (Instituto Nacional de Industria) se adueñó del grupo de 700 empresas, palpó el lastre que suponía para las arcas públicas el pago mensual de una masa laboral de 65/70.000 puestos de trabajo, convertidos de la noche a la mañana en funcionarios.
Es totalmente incierto de que el gobierno estableciera Un plan de saneamiento para el conglomerado de empresas, todo lo contrario, dio ordenes a los interventores y gestores de las empresas expropiadas, para que pusieran de inmediato su urgente reprivatización, llegando a la esperpéntica situación de vender a precios de saldo el conjunto de empresas en el mercadillo de Monipodio. De haber vivido Valle Inclán hubiera escrito una enciclopedia del mismo. Fuentes periodísticas de la época aseguran que acudieron en tropel amiguetes y afiliados con carnet del partido para acceder a las gangas. En el libro citado del Magnicidio empresarial más perverso de la democracia, el autor hace una recreación virtual del humor picaresco con el que se desarrollaron las ventas en un simulado patio de Monipodio.
No tardó el estado en desembarazarse de esta pesada losa de empresas del grupo que se realizaron prácticamente en su totalidad en 1983 y parte de 1984. No se respetaron los acuerdos pactados en mantener los puestos de trabajos, y se tramitaron numerosos expedientes de despidos, tal como reconoce el sindicalista Justo Fernández en el excelente programa de la clave emitido en 1994 por el prestigioso periodista José Luis Balbín en la tres de televisión.
No conozco lo sucedido durante la segunda etapa, leo con avidez y preocupación las intervenciones judiciales sobre asuntos tan sensibles como el uso de los pagarés, y del que he tenido conversaciones telefónicas con el abogado Joaquin Yvancos que evitaba que el patriarca firmara en barbecho la documentación que en ocasiones le presentaban sus hijos varones.