El pasado jueves se aprobó en el pleno de la Asamblea a propuesta de Podemos, la creación de una comisión de estudio para abordar la recuperación económica a través de los fondos europeos. El PP se abstuvo y permitió que la iniciativa saliera adelante, a pesar de que la izquierda ha vetado estas comisiones en Aragón, Cantabria, Navarra, La Rioja y Baleares.
Podemos, como si ellos estuvieran fuera del Gobierno de España y fueran ajenos a una gestión lamentable de los Fondos Europeos, justificaron dicha propuesta en tres puntos: en primer lugar, la proponían para “abordar la recuperación económica a través de los fondos que vienen de Europa”. Nuestra respuesta fue muy clara: la mejor manera de ayudar a una recuperación más rápida y más justa en Madrid, es apoyar el proyecto de Presupuestos para 2022, algo que rechaza toda la izquierda de plano.
En segundo lugar, pedían que en la Comisión comparecieran expertos y la sociedad civil. Obviaban, deliberadamente, que eso es lo que ha hecho el Gobierno de Díaz Ayuso en la elaboración de sus propuestas para los fondos, presentándolas a sindicatos, agentes sociales, sociedad civil, incluso la oposición, y que es todo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno Sánchez, que ni cuenta con nadie, ni permite autoridades independientes, ni practica la cogobernanza.
Por último, se justificaban diciendo que esta iniciativa es necesaria “porque muchas empresas y organizaciones han cerrado”. Y en este caso también ocultaban que en Madrid no han cerrado tantas como en el resto de España, porque aquí la Presidenta, combinando siempre salud con economía, no se plegó en ningún momento a la vocación prohibicionista y el gusto de la izquierda por el estado de excepción.
En cualquier caso, todo lo que se refiere a la gestión del Gobierno de España respecto a los Fondos Europeos está siendo un auténtico disparate.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, “España puede”, que Europa financiará, pone sobre papel muchas de las perversiones ideológicas de PSOE- Podemos. Es esa Europa en la que han saltado las alarmas por la falta de transparencia del gobierno, que se extraña porque no haya contado con los ayuntamientos y comunidades en la elaboración del plan, o por haber ocultado Informes hasta del Consejo de Estado.
Pero es que, además, el “España Puede”, no va a servir para modernizar España, ni para solucionar los problemas de los españoles, y si lo van a utilizar para establecer una red clientelar, para pagar factores políticos y para beneficiar a los territorios que gobiernan y perjudicar a los que no, siendo Madrid el más perjudicado, como se está viendo en los programas que ya están aprobando.
Esto es así porque lo más inaudito es que, al contrario de todo Europa, aquí no hay una autoridad independiente seria y rigurosa salida del Parlamento, sino que es el jefe de Gabinete del Presidente, de quien depende este plan y distribuye los fondos a “dedazo”. Y esta persecución el PP la va a denunciar hasta en los tribunales: estén tranquilos los madrileños.