Los sindicatos han recibido con incredulidad el pacto del Gobierno con Bruselas para reformar las pensiones. "Es incomprensible esta oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno sobre cuestiones tan sensibles", afirman CCOO y UGT en un comunicado conjunto,
"El compromiso de una eventual ampliación del periodo de cálculo de las pensiones hasta los 35 años a finales de 2022, que produjo diferencias públicas dentro del Gobierno, no aparece explícito en el Componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia", afirman los sindicatos.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por su parte, señalaba este jueves que la extensión del cálculo de las pensiones a 25 años planteada por el Ejecutivo estaba contemplada en los planes enviados por Moncloa “a Europa, en junio”.
"El Gobierno debe responder y explicar su compromiso con la UE, además del sentido de la oportunidad que tiene en su política comunicativa o en la que acuerda con la Comisión Europea", dicen UGT y CCOO, "su habilidad para ponerse trabas a sí mismo es digna de estudio".
Sin embargo, la bajada de pensiones ya está pactada con Bruselas. España tendrá que justificar ante Bruselas que el nuevo mecanismo que asegurará la sostenibilidad de las pensiones realmente garantiza la equidad intergeneracional, para lo que tendrá que enviar a la Comisión Europea (CE) una evaluación de impacto que así lo corrobore. Lo establece el acuerdo operativo suscrito por el Gobierno español y el Ejecutivo comunitario que permite empezar a solicitar el desembolso de fondos sujeto a la comprobación del cumplimiento de los compromisos semestrales.
Entre las exigencias de Bruselas está la ampliación del periodo para el cómputo de la pensión, una forma de rebajar las pensiones, algo que ha negado rotundamente el ministro del ramo, José Luis Escrivá: "No, no y no. Rotundamente no. Este sistema no está pensado para reducir el gasto en pensiones en ningún caso", ha dicho en una entrevista para Radio Nacional de España.
La reforma de pensiones es uno de los hitos que hay que cumplir antes de que acabe el año y cuya primera parte ya fue acordada con los agentes sociales en el mes de julio.
Una segunda parte está en fase de negociación e incluye un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al derogado factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013, que preveía un ajuste a la baja de las nuevas pensiones en función de la esperanza de vida.
Para mitigar el incremento del gasto en pensiones que se producirá hasta 2050 como consecuencia de la jubilación de la generación del "baby boom", la Seguridad Social ha planteado un aumento de 0,6 puntos de las cotizaciones sociales durante diez años para volver a nutrir el fondo de reserva, la denominada "hucha" de las pensiones que se vació con la anterior crisis.
Además de la reforma legal, Bruselas demandará a España una evaluación de su impacto que demuestre que la equidad entre generaciones está garantizada.