Los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, han llegado a un acuerdo para tratar de abrir una vía que, más allá de la Ley de Amnistía de 1977, permita investigar y juzgar los crímenes del franquismo, al presentar conjuntamente una enmienda a la ley de memoria democrática que tramita el Congreso.
La enmienda da una alternativa a la propuesta de ERC y otras fuerzas de izquierda que apoyan al Ejecutivo en el Parlamento para derogar diversos aspectos de la Ley de Amnistía con el propósito de evitar la "impunidad" sobre los "crímenes de lesa humanidad" cometidos durante la dictadura franquista.
Su opción consiste, en vez de derogar esta norma clave en el período de la Transición, en marcar una senda para sortearla mediante una amplia interpretación de la aplicación del derecho internacional y humanitario en España. En concreto, plantean que "todas las leyes" españolas, incluida la Ley de Amnistía "se interpretarán y aplicarán" conforme al derecho internacional y humanitario, según el cual "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles (sic) y no amnistiables".
Según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, la ley de Memoria Democrática "no cambia nada" de la Ley de Amnistía del 77 pues van a poder seguir investigándose los crímenes de guerra "tal y como se hace desde 2002". Ahora bien, el Código Penal aplicable no es el actual de forma que estaría prohibida la aplicación "retroactiva" perjudicial de la legislación penal. A eso se añade la prescripción de los delitos cometidos.
La enmienda presentada por socialistas y la formación morada persigue "ratificar" la vigencia de la Ley de Amnistía, pero no "derogarla" ni "interpretarla", señala el ministro en una entrevista en Onda Cero, en la que ha subrayado que "pone en valor" la ley y los tratados internacionales. "Ratificamos su vigencia", remarca.
De las 30 modificaciones registradas conjuntamente, y que necesitan recabar el apoyo de otros grupos para salir adelante en la Comisión Constitucional del Congreso, esta es la de mayor alcance y con mayor relevancia jurídica, pero hay otras significativas con muchas posibilidades de lograr luz verde.
Una de ellas es la propuesta para cambiar el nombre del Valle de los Caídos al de Valle de Cuelgamuros para quitarle así las connotaciones ligadas al franquismo, exhumados ya del enclave los restos de Francisco Franco.
ERC mantiene, por su parte, las exigencias que planteó desde que se comentó a tramitar la ley, como la declaración de ilegalidad del régimen franquista, de sus tribunales represores y de las sentencias que dictaron. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha acusado al Gobierno de incurrir en contradicciones en sus enmiendas a favor de la reparación patrimonial y económica de las víctimas y ha advertido de que la única vía para lograrlo y también para juzgar los delitos franquistas es cambiar la ley de Amnistía; "y lo otro es engañar a la gente", ha zanjado.