El Consejo de Europa, y más concretamente el Grupo de países contra la Corrupción (Greco) ha vuelto a poner en evidencia a España en lo relativo al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por este organismo, en un informe publicado hace algunas semanas en relación con la prevención de la corrupción relativa a los parlamentarios, jueces y fiscales en nuestro país. Cabe recordar a este respecto que en 2018 el Greco había emitido otro informe concluyendo que España. no había implementado satisfactoriamente ninguna de las once recomendaciones que este organismo hizo a nuestro país en su informe devaluación de 2016. Según dicho informe nuestro país solo había cumplido parcialmente siete de las once recomendaciones, no habiendo cumplido las cuatro restantes.
Las once recomendaciones se refieren a tres ámbitos concretos del Estado: los miembros de los parlamentos, los jueces, y los fiscales. Respecto a los parlamentarios se echaba en falta la existencia de un código de conducta y de unas normas relacionadas con los conflictos de intereses y la transparencia de estas instituciones; también se cuestionaba en los sistemas de designación de los miembros de los órganos jurisdiccionales y su insuficiente independencia política, así como la inexistencia de un código de conducta para los fiscales y una regulación específica adecuada de los procedimientos disciplinarios y los conflictos de intereses dentro de este ámbito de la fiscalía. Dicho informe, en definitiva, venía a poner de manifiesto la desidia del gobierno y de los partidos políticos y grupos parlamentarios para abordar de una forma contundente, inequívoca y coordinada el importante problema de la corrupción.
En el más reciente informe del Greco, difundido el pasado mes de octubre, hay que reconocer algunas mejoras por parte de nuestro país en lo relacionado con las recomendaciones de este organismo, reconociéndose que España ha realizado progresos en dos de las once recomendaciones cumplidas satisfactoriamente, ocho han sido parcialmente cumplidas, y una no cumplida. En el lado de las mejoras o aspectos positivos, cabe señalar la aprobación en nuestro país del Código de conducta de las Cortes generales, dentro del cual se recogen, entre otras, disposiciones relacionadas con la transparencia de las agendas de los parlamentarios, así como con la huella legislativa. En todo caso el Greco espera que haya nuevos avances en nuestro país con una regulación específica sobre las actividades de los grupos de interés. Cabe destacar, por otra parte, entre los avances experimentados, las mejoras en las declaraciones sobre los bienes y rentas de los parlamentarios, así como de los ingresos y actividades potencialmente incompatibles, de cara a un mayor control y transparencia institucional y social a este respecto. En todo caso el Greco pone de manifiesto la necesidad de racionalizar las distintas declaraciones existentes en este ámbito. Otro exponente de los avances experimentados por nuestro país se refiere a las recomendaciones de este organismo sobre las infracciones de las disposiciones del código de conducta.
Por el contrario, el Greco concluye que no se han cumplido la recomendaciones relacionadas con la independencia real y percibida del Consejo General del Poder judicial, y que no se han producido avances durante estos últimos años tendentes a asegurar la independencia y a modificar el sistema de elección vigente de los miembros de este Consejo general. Se insta por parte de este organismo a que las autoridades españolas consulten al poder judicial y que dicho órgano constitucional deje de estar mediatizado por otros poderes del Estado, de cara a preservar la independencia y la imparcialidad de dicho poder judicial.
En resumidas cuentas, el Greco concluye en su último informe que España ha realizado algunos progresos en la implementación de las recomendaciones, de tal forma que se han llegado a cumplir ya seis de las once recomendaciones que se recogen el informe de evaluación de la cuarta ronda de este organismo. Por otra parte, señala que otras cuatro recomendaciones solo se han cumplido parcialmente, y que una de ellas sigue sin cumplirse. En definitiva, que continuamos teniendo asignaturas pendientes en el importante tema de la prevención de la corrupción en este ámbito parlamentario y judicial, y es por ello por lo que nuestro país deberá presentar un nuevo informe sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones antes del próximo 31 de marzo. Esperemos, en definitiva, que nuestro país haga definitivamente sus deberes en estos próximos meses respecto a la recomendaciones del Consejo de Europa en materia de prevención de la corrupción.