Una familia de Canet de Mar continúa en el ojo del huracán por el mero hecho de solicitar que su hijo estudie en español y en catalán en una escuela catalana, pero el Gobierno sigue sin enterarse de nada de lo que ocurre en esa comunidad autónoma. La conveniencia política pesa sobre todo el resto de consideraciones: necesita a ERC para mantenerse en el poder, único faro ideológico del sanchismo.
Es por eso que no parecen querer escuchar al independentismo cuando asegura que hará lo posible para que no se cumpla la ley, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ratificada por el Supremo, que obliga a dar un 25% de las clases en castellano, como reclama la familia de Canet.
“El modelo educativo catalán no necesita la tutela de tribunales españolizantes”, ha manifestado la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borrás. A pesar de la evidente derrota del separatismo tras el fallido golpe del 1 de octubre, que dejó a los principales cabecillas encarcelados o huídos, Borrás ha retomado la retórica golpista este lunes al situar el “modelo educativo catalán” por encima de la Ley.
La presidenta del Parlament, que ha ejercido cargos en JuntsxCat, el partido heredero del espacio de Convergencia, ha empujado al socio del Gobierno de Sánchez, ERC, a posicionarse sobre el asunto en términos de golpe de Estado y desobediencia. En concreto, ha empujado al consejero de Educación catalán, Josep González-Cambray, a “asumir la dirección del centro para descargar de presión a los profesionales”, al igual que “lo hizo Clara Ponsatí el 1 de octubre”.
Tras la mención al fallido golpe, el Parlamento catalán que preside Borrás anunciaba una iniciativa para debatir el cumplimiento de la sentencia en la cámara, lo que de nuevo confirma que el independentismo va en serio en su voluntad de no cumplir con las sentencias judiciales.
Y ante este atropello del estado de derecho, ¿qué hace el Gobierno de España? Preguntada la portavoz del Ejecutivo, Isabel González, apenas se ha limitado a unas frases de cortesía: ofrecen su “total colaboración” a la Generalidad para que “puedan ejecutar” las decisiones judiciales que “han de cumplirse, gusten más o menos”.
El “modelo lingüístico catalán” que Laura Borrás sitúa por encima de la Ley es el equivalente a un “apartheid” con la lengua catalana como excusa. Es el señalamiento y hostigamiento del disidente a un independentismo cuyas maneras recuerdan a las del totalitarismo. Es el hundimiento de la diversidad y la riqueza lingüística de España a través de la imposición del catalán como único idioma en Cataluña.
“Nosotros confiamos en las instituciones y por eso acudimos a ellas”, afirma la familia de Canet en una carta abierta, “si los Gobiernos incumplen la ley, los ciudadanos podemos reclamar nuestros derechos ante los Tribunales. Es lo normal en una democracia”. Haría bien el Gobierno de España en dejar de mirar interesadamente hacia otra parte y tomar nota de estas palabras.