Iglesia y Estado

Ha sido uno de los conflictos más críticos con los que se ha enfrentado la España contemporánea, liberal y democrática, desde su alumbramiento más remoto entre 1808-1812. Este periódico tuvo, desde su origen en 1867, una posición muy firme al respecto: contraria a lo que entonces se conocía como "unidad católica" (hipócrita eufemismo que, en realidad, significaba la prohibición de toda confesión no-católica), favorable a la libertad religiosa de la Constitución de 1869 y opuesta al artículo 11 de la de 1876 (en que se conculcaba el derecho fundamental de manifestar públicamente cualquier creencia). Durante la II República de 1931, supo también contestar una legislación sectaria y anti-liberal, que, so pretexto de una estricta -y razonable- separación Iglesia-Estado, prohibió enseñanzas y colegios religiosos, desencadenando un conflicto enconado, disfuncional para el régimen republicano y dañino para una Iglesia irredentista y militante que respondió a una persecución sangrienta y feroz durante nuestra contienda civil con una cruzada vengativa e integrista durante la Dictadura. El espíritu del Concilio Vaticano II cambió de manera radical este clima de intransigencia rancia y opresiva, de suerte que la postura tolerante, favorable y circunspecta de la era Tarancón fue crucial en la consolidación de la Transición Democrática. El hecho de que, como en tantas cosas, la política radical de Zapatero busque enfangarnos entre los negros fantasmas del pasado, no justifica reacciones desmesuradas y, como tal, poco inteligentes, presentes en ciertas actitudes y pronunciamientos de la jerarquía católica española. El acatamiento de las leyes, no impide, como en todo país libre, criticar la legislación del aborto o el dislate, cuando menos etimológico, del matrimonio homosexual. Incluso quienes no lo compartan, pueden comprender la obligación moral que tiene la Iglesia de pronunciarse frente a ello en el ámbito y con la mesura que le es propia, cualidades en absoluto reñidas con la publicidad. Pero si sale a la arena política pidiendo el voto en contra, debe, como cualquiera, exponerse también a la réplica, sino airada, al menos crítica, tolerando, por ejemplo, que, al pontificar sobre terrorismo alguien les recuerde los avisos en las puertas de demasiadas iglesias vascas donde se convoca a piadosas excursiones a la prisión de Nanclares de Oca -por no hablar de la estudiada ambigüedad con que Monseñor Setién viene interpretando el Quinto Mandamiento. La Iglesia debe denunciar el pecado pero renunciando a convertirlo en delito y comprendiendo que, un derecho individual incuestionable, cual es la catequesis, no puede exigirse como obligación social impuesta a "puntazos". Incluso aquellos europeos leídos que se consideran agnósticos se saben, culturalmente hablando, herederos de una sólida tradición judeo-cristiana, sin la cual -digan lo que quieran los borradores de la futura constitución europea- como alguna vez recordara Marc Fumarolli, ni la Revolución Francesa es comprensible ni la Constitución americana explicable. Desde este convencimiento, todos -creyentes o no- podemos rogar de la Iglesia Romana un poco de prudencia, advirtiéndoles de paso tímidamente que, si su preocupación es electoral -es decir, terrenal- determinadas soflamas y algaradas enardecen el voto cautivo de la parroquia casi en la misma medida que ahuyentan el de los moderados. Vamos a ver si la inmensa mayoría de sensatos -socialistas y populares- somos capaces de evitar que la falta de memoria -y de Historia- del señor Zapatero nos devuelva a lo más negro y violento de nuestro pasado.






EL TRIBUNAL SUPREMO DA UN TOQUE AL GOBIERNO


El proceso de ilegalización de las formaciones independentistas PCTV y ANV puesto en marcha por el Gobierno se ha encontrado con su primer escollo legal: los magistrados de la sala 61 del Tribunal Supremo se han opuesto por unanimidad a prohibir a ambos partidos presentarse a las elecciones sin escuchar antes las alegaciones de sus miembros, desoyendo así a la Fiscalía, que pretendía que se tomaran medidas cautelares de manera urgente, pasando por alto ese trámite. De esta forma, el Tribunal da un toque de alerta al repentino afán del Ejecutivo de ilegalizar a las estas formaciones, recordándole, de alguna manera, que la Justicia no es un arma con la que se pueda jugar electoralmente. El hecho de que todo apunte a que tanto ANV como PCTV son continuaciones descaradas de la ilegalizada Batasuna, no puede ni debe ser excusa para que los procedimientos legales no sean respetados. Es obvio que a un mes de las elecciones, al Gobierno le interesa enormemente demostrar firmeza frente al mundo radical, pero eso es algo en lo que debía haber pensado hace mucho tiempo y no por razones electoralistas sino por pura higiene democrática.



PODERÍO DE INTERNET

Bajan revueltas las aguas de Internet, desde que se ha sabido este viernes la mareante oferta que Bill Gates ha hecho sobre el portal Yahoo! Encima de la mesa, 44.600 millones de dólares, a razón de 31 dólares por acción. Y ya que de acciones hablamos, la oferta supondría un 62% de premio por encima del precio de cierre de las de Yahoo! el jueves. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que estudiará si esta operación incumple alguna ley antimonopolio. Bien es cierto que esta posibilidad se antoja remota a día de hoy, pero nos da una idea del calado de la cuestión. No hace tanto tiempo, Internet era poco más que una novedad tecnológica; algo que prometía, sí, pero poco más. Grandes multinacionales, pequeñas empresas familiares, particulares, instituciones públicas... hoy por hoy todo y todos tienen su sitio en Internet. Qué no recibiremos vía correo electrónico, qué gestión bancaria no habremos realizado cómodamente desde nuestro sillón, y así un largo etcétera. Fraudes, nuevos delitos, no todo iban a ser ventajas. Eso sí, la información es más ágil que nunca. Y universal. Todo al alcance de todos. ¿Límites? La respuesta, en la red.