El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado el compromiso de su Ejecutivo para convertir en un "derecho real" el acceso a una vivienda "digna", tras el rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
Preguntado por esta cuestión en una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, Sánchez ha mostrado su "absoluto respeto" a las decisiones del CGPJ, que acaba de rechazar la propuesta de informe, presentado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, lo que le llevará a elaborar un nuevo texto que debatirá el próximo 27 de enero. Esta decisión retrasará previsiblemente hasta febrero la aprobación del anteproyecto de ley de vivienda en el Consejo de Ministros, que tenía previsto enviarlo al Congreso este martes 18 de enero: "Esperamos al informe que emita el CGPJ, lo miraremos con absoluto respeto, todas las cuestiones técnicas que quieran plantear".
No obstante, el presidente ha recalcado que el Gobierno "comparte con la amplia mayoría de los ciudadanos la necesidad de un mayor compromiso de lo público" para que el acceso a una vivienda "digna" no sea un "problema", sino un "derecho real", como señala que recoge ya la Constitución: "El Gobierno de España está comprometido con una ley de vivienda, que consideramos el quinto pilar del estado de bienestar".
Al respecto, ha incidido en el compromiso del Gobierno para "redoblar el esfuerzo público" con la política de vivienda, algo que asegura que van a lograr cuando se lleve al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Vivienda y que harán este martes, con la aprobación del real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 y el bono joven de ayuda al alquiler, así como el anteproyecto de ley de arquitectura. Fuentes del Gobierno han insistido en que "nada va a despistar" al Ejecutivo en su objetivo de hacer de la vivienda "el quinto pilar del estado de bienestar".
El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto que desarrolla el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, dotado con 432 millones de euros, y el bono joven de ayuda al alquiler, consignado en los presupuestos con 200 millones de euros, así como el anteproyecto de ley de arquitectura. Aunque el Ejecutivo tenía previsto incluir el anteproyecto de ley de vivienda en este paquete regulatorio, la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial lo impide y no será previsiblemente hasta febrero cuando pueda enviarlo al Congreso, si el CGPJ da finalmente luz verde a su dictamen en el pleno que ha convocado para el 27 de enero.
Podemos ha cargado por su parte, contra el CGPJ por rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, una decisión que cuestiona y que cree que está sirviendo como "coartada" para mantener una legislación favorable a los "lobbies" inmobiliarios. Lo decía así la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, en una rueda de prensa en la sede del partido este lunes al mostrar su preocupación "por el giro de 180 grados" que ha dado el poder judicial para tumbar tumbando un informe que -ha recordado- es preceptivo pero no vinculante.
Ha cuestionado de este modo "la imparcialidad" de este órgano, que, según ha explicado, debería haberse pronunciado sobre los aspectos que modifican la ley de enjuiciamiento civil, es decir, los procedimientos sobre desahucios, y ha insistido en que la ley es "sumamente respetuosa" con las competencias autonómicas y con la regulación de los precios. Por tanto, todo lo demás es "extralimitarse en sus funciones", ha señalado Jacinto para referirse a la posición expresada por los vocales que se opusieron el viernes al informe, al expresar sus dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia, el derecho a la vivienda, que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas.
A la vista de la decisión que adoptó el CGPJ rechazando el informe y encargar uno nuevo, que se votará en el pleno ordinario del 27 de enero, a la coportavoz morada no le parece "descabellado" pensar que algo ha tenido que ver en ello "la mano invisible de las élites del ladrillo".
Ha defendido que la ley es más necesaria que nunca y que hay una lucha abierta entre dos polos: quienes defienden el derecho a la vivienda por un lado, y, por otro, algunos sectores conservadores de la judicatura, las élites del ladrillo y los especuladores inmobiliarios. También ha llamado la atención sobre el hecho de que el Gobierno no remitió el anteproyecto de la ley de vivienda hasta el 1 de diciembre cuando estaba listo el 27 de octubre, algo que -ha señalado- habrá que preguntar a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.