Se insiste a todas horas en que Pedro Sánchez no piensa más que en conservar su poltrona en la Moncloa. Pero ¿cuál ha sido ha sido la reacción de Pablo Casado y Santiago Abascal, cuando ha aparecido Isabel Ayuso como una estrella capaz de aglutinar a la derecha? Exactamente la misma. Han dejado bien claro que no les guía precisamente el interés general de los ciudadanos sino el suyo propio. Casado y Abascal deberían retirarse para dejar paso a la que verdaderamente vale, Isabel Ayuso. Por desgracia, un gesto de tanta dignidad y desinterés es impensable en políticos tan mediocres como los que ahora tenemos. La mediocridad Casado y Abascal salta sobre todo a la vista por no haber presentado todavía un claro plan de futuro para las próximas elecciones generales.
A mi modo de ver, el punto clave de un proyecto capaz de alcanzar mayoría absoluta en las próximas elecciones generales está en la Ley Electoral. Y sobre este capital tema, ni el PP ni Vox se pronuncian. Hay que terminar con las provincias como obsoletos distritos electorales. Y substituirlas por un único distrito electoral para toda la nación. Desaparecería inmediatamente la absurda ventaja que concede el decimonónico sistema vigente a los nacionalistas vascos y catalanes. No digamos ya a los absurdos “partidillos” con un solo diputado, que hemos visto proliferar recientemente. Este sería un verdadero progreso democrático. El voto del ciudadano valdría lo mismo en todo el territorio nacional. Lo exige así ese valor ético elemental que solemos designar con la palabra “Igualdad”.
Como personas, todos valemos lo mismo. Y como ciudadanos, no puede ser diferente el voto de un catalán del de un castellano, ni el de un vasco del de un andaluz. Y sin embargo, al hacer de la provincia el distrito electoral, es justamente esa odiosa desigualdad lo que se consigue ahora. El distrito electoral único para todo el territorio del Reino de España sería un paso decisivo para acabar con los irritantes privilegios que disfrutan los nacionalistas vascos y catalanes. Esas odiosas desigualdades han sido propiciadas estúpidamente por nuestras sucesivas leyes electorales, nada menos que desde las guerras carlistas. No se puede culpar a vascos y catalanes por aprovecharse de la idiocia del resto de los españoles. La culpa es de la aborregada y cobarde mayoría silenciosa, y más aún de la miopía de los políticos que la representan.
El silencio de Casado y Abascal sobre esta capital cuestión es el ejemplo más candente y actual. La innovación de un distrito electoral único tendría que ir acompañada del 5% de los votos válidos como mínimo para obtener representación parlamentaria. En las negociaciones para sacar adelante la Constitución de 1978 se hizo a los nacionalistas vascos y catalanes la enésima concesión de fijar ese mínimo en el 3% en vez del 5%. Ya vemos visto el agradecimiento que han mostrado. Respondieron con los 800 muertos en atentados de la banda terrorista ETA y el intento de golpe de estado en Cataluña. Pero a su vez, la batalla de los nacionalistas para conseguir aquel 3% indica bien a las claras que con el 5% perderían su desproporcionado y excesivo poder actual. Ahí es es donde más les duele. Razón de más para comprender que la reforma de la actual ley electoral es de máxima prioridad.
Con el distrito electoral único y el mínimo del 5% los partidos antidemocráticos, tanto en Cataluña como en Vasconia quedarían reducidos a la dimensión social que realmente tienen. Sólo con eso dejarían de ser la constante amenaza contra la paz ciudadana en España. Creíamos haberla alcanzado con Aznar y Felipe González, pero la estamos viendo de nuevo amenazada desde la infausta “memoria histórica” iniciada por Zapatero y tolerada por Rajoy. Me ha llamado la atención el artículo de Boris Cimorra Mi primer Año Nuevo en España (El Imparcial 4 enero 2022). Su condición de persona que nació y vivió en la Unión Soviética hasta instalarse en España en 1977 confiere a su testimonio un gran valor de imparcialidad y ausencia de prejuicios. Se maravilló al ver los contrastes entre el “paraíso soviético” de donde venía y la pujante e ilusionada realidad de España en aquellos años. Nada menos que descubrió el jamón ibérico. Le ocurre también a muchos turistas. Pero a continuación, y con entristecida pena, compara aquella brillante época con el destrozo de la democracia y la paz social que el PSOE de Sánchez, en connivencia con lo peor de nuestra sociedad, están perpetrando actualmente.
Describe Cimorra, mucho mejor que pudiera hacerlo yo, la necesidad de una reacción de la gran mayoría de los ciudadanos españoles, que quieren conservar aquella convivencia pacífica de la Constitución de 1978, el entonces llamado, y hasta mundialmente alabado, “espíritu de la transición”. Que la mayoría silenciosa salga de su letargo. Y en esa mayoría silenciosa está incluido el ciudadano medio español, da igual si ha votado hasta ahora a las derechas o a las izquierdas. La ingenuidad proverbial de los políticos honrados y decentes en España -también da igual ahora si de derechas o de izquierdas- dejó entonces abierto ese agujero de una Ley Electoral, que nos ha conducido al absurdo de que gobiernan en España precisamente los que quieren destruirla.
La verdadera España, la gran mayoría de los españoles realmente demócratas, debe oponerse con valentía a la confrontación social artificialmente creada por Zapatero, Sánchez, Puigdemont, Otegui y demás traidores al “espíritu de la transición”. El desastre puede ser evitado reformando la Ley Electoral en la manera antes indicada tras las próximas elecciones generales, si el patriotismo de la gran mayoría de los españoles, los verdaderamente demócratas, impone tal cambio. Esa gran mayoría silenciosa de los españoles verdaderamente demócratas tiene pendiente la asignatura de abrir los ojos y salir de su irresponsable letargo ante la importancia del cambio en la Ley electoral. Debe darse cuenta de que vamos derechos a una nueva Guerra Civil, si no lo impedimos ahora mediante ese trascendental cambio en la Ley Electoral, que reduciría a los nacionalistas y a los nostálgicos de la URRS a su exacta y real dimensión política y social.