Los centros de tutela de menores de la Comunidad de Madrid emitieron hasta 5.000 denuncias el pasado año. De estas, 84 denuncias tienen que ver directamente con las desapariciones de niñas en centros de menores de la región en lo que se ha conocido como ‘Operación Sana’.
Se trata de un caso en manos de un juzgado de Madrid, que investiga una red de prostitución infantil que operaba, sobre todo, en el distrito madrileño de Villaverde y en el que al menos diez menores habrían sufrido abusos sexuales.
Algunas de esas menores se encontraban tuteladas por la Comunidad de Madrid en centros de régimen abierto, por lo que el caso ha tomado tintes políticos, en la medida en que desde determinados sectores de la izquierda se ha tratado de equiparar este caso con el de las menores tuteladas en la Comunidad Valenciana o Baleares.
Sin embargo, según ha podido saber El Imparcial, la Comunidad de Madrid ha emitido hasta 84 denuncias en el caso de las menores relacionadas con la red que se investiga en la ‘Operación Sana’, sin obtener respuesta de la Fiscalía.
Además, el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso llegó a pedir al juez de forma expresa en octubre de 2021 la privación del permiso de salida del centro de una de estas menores sin que el juez haya emitido respuesta alguna por el momento.
El pasado 10 de enero, la Comunidad de Madrid trató de formalizar su personación como acusación particular en el caso, pero diez días después, el juzgado no ha permitido realizar este trámite.
El pasado 3 de enero, Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 37 personas que formaban un grupo criminal dedicado, presuntamente, a la explotación sexual de menores de edad en lo que se ha conocido como ‘Operación Sana’.
En los registros que se realizaron, los agentes localizaron un zulo donde los arrestados explotaban sexualmente a las menores y se intervinieron varios efectos como droga, material informático, armas y dinero.
La investigación comenzó en abril cuando los agentes tuvieron noticias de que una menor de edad se fugaba con asiduidad de su lugar de residencia y que durante sus ausencias mantenía relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero o de sustancias estupefacientes.
Los investigadores descubrieron que otras menores, con las que compartía lugar de residencia, se encontraban en la misma situación. Contactaban con ellas a través de redes sociales ganándose su confianza y posteriormente las utilizaban para ofrecer servicios sexuales a clientes a los que suministraban sustancias estupefacientes.