El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, por quince votos a seis, el informe que critica con dureza el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y que advierte de los problemas de orden constitucional que cree que podría acarrear, entre ellos conflictos competenciales.
El dictamen es preceptivo, pero no vinculante, por lo que la intención del Gobierno es validar el texto en segunda vuelta en un próximo Consejo de Ministros y enviarlo en febrero al Congreso para su tramitación parlamentaria.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un nuevo informe sobre el Anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda en la que pone en cuestión varios aspectos fundamentales de una de las leyes estrellas del Gobierno de coalición.
En su informe, los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, exponen que la vivienda es una materia de titularidad autonómica, de modo que corresponde a cada una de las comunidades autónomas “que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas” sin perjuicio de las competencias del Estado “que incidan en dicha materia”.
Se trata de 59 páginas en las que el CGPJ justifica el argumento de que, con la ley de vivienda, el Estado está interfiriendo en las competencias autonómicas.
El pasado 14 de enero, el Pleno del Consejo tumbó un primer informe negativo sobre el Anteproyecto de la Ley de Vivienda por 15 votos frente a 6, en una ponencia que correspondió al vocal progresista Álvaro Cuesta.