El que la hace la tiene que pagar

Que grandes males requieren terapias agresivas nadie lo pone en duda. Pero si nuestra vida está en manos expertas, o por lo menos respetuosas, de seres pensantes y consecuentes y bien asesorados, es mejor. Desafortunadamente para nuestras “enfermas” sociedades latinoamericanas, no es así. Nuestra historia está plagada de casos de ex jefes y jefes de Estado, que pretendiendo haber encontrado en el abuso del poder y la fuerza las respuestas a los “males” de las sociedades que gobiernan, actúan ciegamente creyéndose inmunes y eternos por su condición. Afortunadamente, la Justicia finalmente llega e intenta resarcir el mal hecho.

Ha pasado un año desde la aprobación de la solicitud de extradición de Alberto Fujimori a Perú por parte de la Corte Suprema de Justicia chilena (septiembre de 2007), con el fin de que el ex presidente se enfrentara, ante la justicia de su país, a varios cargos de corrupción y violaciones de los derechos humanos en los casos específicos de las masacres de Barrios Altos, ocurrida el 3 de noviembre de 1991, y de la Universidad de La Cantuta, ocurrida en 1992.

Fujimori, figura controvertida. Para sus simpatizantes fue el hombre que salvó a Perú de un mal doble: el terrorismo y el colapso económico. Para sus detractores fue un líder autoritario que abusó de las instituciones democráticas del país para conservar su poder.
Al asumir el poder, Alberto Fujimori, optó por una política antisubversiva errada al recurrir al apoyo del entonces asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, quien, redefiniendo un reciente planteamiento del Ejército Peruano en el que se pasaba de la eliminación indiscriminada de subversivos a la eliminación de sus mandos, retoma la estrategia original, llevándola a extremos insospechados de abusos, violencia indiscriminada y muertes de inocentes. Prueba de ello son los casos de Barrios Altos donde murieron 15 personas y el de Universidad de La Cantuta, en el que murieron un profesor y nueve estudiantes, sin llegar a eliminar a ningún mando subversivo.

A pesar de ello, esta política antisubversiva fue de gran importancia y rentabilidad para Fujimori gracias a sus éxitos, como el registrado en septiembre de 1992 con el arresto del líder del grupo maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Esta lucha contra la violencia de Sendero y el MRTA se convirtió en su lema principal de gobierno y le permitió volver a arrasar en las elecciones de 1995, asegurándose así cinco años más en el poder. Fujimori gobernó moldeando a su gusto el sistema político y jurídico tras el autogolpe de Estado de 1992, subordinó la legalidad democrática a la consecución de unos objetivos personales. Y así fue desde el 28 de Julio de 1990 hasta el 22 de Noviembre de 2000, cuando presenta su dimisión después de haberse fugado al Japón.

Desde diciembre de 2007 avanza el juicio. El pasado lunes 22 de septiembre (hace dos días) entró en la fase de presentación de pruebas a favor y en contra del ex mandatario y tal y como van las cosas, antes de diciembre de 2008, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, a cargo del proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori, emitirá la sentencia. Sea esta condenatoria o absolutoria, lo cierto es que el proceso judicial está en curso y que la Fiscalía ha pedido que sea condenado a la pena máxima de 30 años de prisión por la muerte de 25 personas en las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta.

Esperemos que sirva de ejemplo esta cercana y similar historia para no repetir errores. La reciente visita del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, a Colombia deja mucho para pensar.