¿Habrá dinero para ayudar a las prostitutas?

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha presentado el Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El borrador incluye, entre otras medidas, dar ayudas económicas y cobertura legal a las prostitutas –el 90 por ciento de ellas extranjeras– y se compromete a no expulsarlas del país en el plazo de un mes. Durante este tiempo tendrán que decidirse por denunciar o no a quienes les explotan.

Que se sepa, más de 18.000 mujeres extranjeras en nuestro país son víctimas de la explotación sexual cada año. Seguro que son muchas más porque España es, según distintos informes, uno de los países-destino más atractivos para las mafias que se dedican al tráfico de estas mujeres. Ya se sabe, el problema no es la prostitución, sino el proxenetismo.

Por todo esto, me parece bien y creo necesario, que se aprueben planes contra la trata de mujeres, que se conceda el permiso de residencia a estas víctimas y más si está avalado por una directiva europea, e incluso, como he leído en alguna noticia, para que se incorpore en la Ley integral contra la violencia de género al colectivo de prostitutas.

Y digo yo: ¿Dedicará el Gobierno a este Plan la misma financiación que deja absolutamente indefensas a muchas mujeres víctimas de la violencia de género? ¿Se garantizará de verdad la seguridad de las prostitutas que denuncien a sus proxenetas? ¿Por qué no se habla claramente desde el Ejecutivo sobre si se debe regular o no esta actividad?

A mi entender, la legalización de la prostitución –y su regulación– es la única manera de proteger a miles de mujeres que ven vulnerados todos los días sus derechos humanos. Además, se terminaría con las mafias –verdadero problema– que las amenazan, extorsionan, engañan y obligan a vender su cuerpo. Naciones Unidas calcula que 4.000.000 de mujeres y niñas son vendidas cada año en el mercado mundial de la prostitución.

Creo de verdad que con la legalización, esta actividad se desarrollaría con las necesarias –y habituales en todos los trabajadores– garantías sanitarias y de seguridad. Para ello, las prostitutas tendrían que darse de alta en la Seguridad Social, cotizar y pagar sus impuestos, como todos. Pero, como todos también, tendrían sus derechos: desempleo, asistencia médica y pensión de jubilación.

Si echamos un vistazo fuera vemos que en Holanda es una profesión más, en Alemania es legal desde 2002 y se considera como cualquier actividad laboral y en Grecia, por poner algunos ejemplos, están obligados a pasar exámenes médicos regulares. Por el contrario, en Brasil evidenciamos con horror que niñas de entre nueve y once años de edad son obligadas a prostituirse al precio de menos de dos dólares por encuentro sexual.

Repito, no me parece mal que se elaboren programas y planes para erradicar estos problemas sociales, hay que hacerlo, pero para que funcionen de verdad hay que asignar recursos económicos y personales suficientes. Al final, un problema de dinero.

Por ello, le pediría a la ministra Aído que se preocupe por dotar de liquidez esta ley que defiende a las prostitutas –y "prostitutos"– para que no se convierta en una propuesta inocua más. Si no pasará como con la Ley de Dependencia (que todavía no ha obtenido los resultados esperados en ninguna comunidad autónoma), o con la Ley integral contra la violencia de género, que, por lo que estamos viendo todos los días, no evita lo que esperaba solucionar.