La Fiscalía Europea (EPPO) consideró este miércoles que la decisión de la Fiscalía General del Estado de España de conservar la investigación sobre el caso del contrato de las mascarillas que afecta al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no se ajusta al derecho de la Unión Europea y constituye "un desafío a la supremacía" del mismo.
En un comunicado, la Fiscalía Europea (EPPO, en sus siglas en inglés) dice que "ha tomado nota" de la decisión de 28 de marzo de 2022 de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de dividir la competencia sobre los mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la EPPO, pero considera que "esta decisión no se ajusta al derecho de la UE y continuará su investigación".
Renunciar, además, como sugirió la Fiscalía Europea, a que fuese el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas quien ejerciese su "mandato exclusivo" de velar por la correcta interpretación del Derecho de la UE "constituye un desafío a la supremacía del Derecho de la UE", subraya el comunicado.
La Fiscalía Europea reclamó a la Fiscalía Anticorrupción la investigación abierta por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso habría cobrado 55.000 euros.
Sucede que, en contra de lo que se ha publicado en algunos medios de comunicación, Concepción Sabadell no es fiscal anticorrupción, sino fiscal europea y fue nombrada por el gobierno de Pedro Sánchez después de ser la fiscal del caso Gürtel.
Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a Efe fuentes fiscales, la Fiscalía Europea se ha dirigido a Anticorrupción, que tiene abierta ya una investigación al respecto, al entender que, tras el citado contrato, se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos.
Hay que aclarar que los fondos FEDER se utilizaron legalmente. Ante los gastos extraordinarios ocasionados por la irrupción de la pandemia, la Comisión Europea y el Gobierno de España acordaron poder emplear estos fondos para el periodo 2014-2020 para hacer frente al gasto sanitario.
El contrato es legal, según se ha revisado por la Cámara de Cuentas, la Intervención General y, ahora, por la Fiscalía Anticorrupción donde tampoco ven ninguna irregularidad.
Fuentes de la Comunidad de Madrid sostienen que la reclamación es una acción "con nula repercusión judicial" que "no cuestiona la legalidad del contrato", que cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas, como trascendió este miércoles. La petición de la Fiscalía europea, añaden, "puede obedecer a que las diligencias abiertas por la Fiscalía española se aboquen a un rápido archivo".
De hecho, la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ironizado son la información y, tras insistir en la legalidad del contrato público vinculado a su hermano, ha apuntado que "solo falta la ONU" por fiscalizarlo.