Catorce estados de la Unión Europea, justo la mitad, pertenecientes a la Europa oriental (Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania y Eslovenia) más los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Suecia) y Malta, se han unido para elaborar un documento informal y elemental, un “non paper”, sobre la “Conferencia sobre el futuro de Europa” que se acaba de celebrar, donde dicen que están en contra de cambiar de nuevo las reglas de juego.
La Unión Europea se ha caracterizado por ir desarrollando desde su creación un variado repertorio de actos que no son jurídicos, pero que le han facilitado funcionar y avanzar políticamente. Tales son, por ejemplo, las reglas de procedimiento de las instituciones o los acuerdos interinstitucionales, las resoluciones, las declaraciones, las conclusiones, las directrices, las comunicaciones, las deliberaciones, los dictámenes, los libros blancos o los libros verdes; a todos los cuales se ha definido en negativo como actos “atípicos” o “no enumerados”.
Esos actos son emitidos por las instituciones y en ningún momento ni siquiera se le ha pasado por la imaginación a la Unión que los estados miembros, como tales, solo con su común consentimiento, pudieran elaborar actos semejantes… hasta hoy.
Nunca había sucedido, efectivamente, que estados de la Unión emitieran públicamente un documento neutro tan básico, por la forma y por su contenido, hasta que los catorce antes citados han sacado algo, que debido a las circunstancias en que se ha producido, se puede calificar más que de “atípico” o “no enumerado” como constitucional.
En ese documento reconocen los estados suscribientes que el foro de debate, en que ha consistido la “Conferencia sobre el futuro de Europa”, ha sido un ejercicio democrático sin precedentes, pero dicen que las ideas allí presentadas por los ciudadanos deben hablar por si mismas, tener un seguimiento y “no ser instrumentalizadas para servir a especiales intereses institucionales”. Y añaden también que estudiaran el informe final y las propuestas específicas, recordando que cualquier decisión en la Unión debe ser tomada según la división de competencias y el respeto a los principios de subsidiaridad y proporcionalidad.
Y finalmente dicen que el cambio del Tratado de la Unión nunca ha sido un propósito de la conferencia y que no apoyan “intentos irreflexivos y prematuros” para lanzar un proceso hacia ese cambio porque ello entrañaría un serio riesgo de sacar energía política de las importantes tareas de hallar soluciones a cuestiones que los ciudadanos esperan y abordar los urgentes desafíos geopolíticos en Europa. “Ya tenemos una Europa que funciona. No necesitamos apresurarnos a reformas institucionales para lograr resultados.”
El origen de la “Conferencia sobre el futuro de Europa” no está en la Unión ni en ningún acto negativo sino en un artículo de opinión escrito en 2013 por Emmanuel Macron, titulado “Pour une renaissance européenne”. Allí recomendaba él esa conferencia y decía que serviría para “proponer todos los cambios necesarios a nuestro proyecto político sin tabúes, ni siquiera el de la revisión de los tratados”. Posteriormente, la recién llegada presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, simplemente incluyó la idea en sus directrices de gobierno.
Cuando las tremendas tormentas que suele haber en el Atlántico Noroccidental impidieron al “Mayflower” llegar a su destino previsto y mientras el barco estaba anclado en Cape Cod, fuera de la jurisdicción de la carta de colonización, los peregrinos decidieron, ellos por si mismos, redactar un simple “compact” para regirse en adelante como cuerpo político.
Ahora en la Unión, una pretensión de cambio básico oficial en la organización ha sido respondida con un documento informal de carácter constitucional. Así está la situación.