A las 17:00 horas de este lunes, el Rey ha inaugurado el acto de Apertura de los Tribunales. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y Carlos Dívar, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han leído sus discursos en este inicio del curso judicial.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas, o el presidente del Senado, Javier Rojo, han acudido a este acto, en el que la tan esperada renovación del CGPJ ha sido una de las grandes protagonistas.
El ya ex presidente de la Audiencia Nacional (AN),
Carlos Dívar, ha estrenado su cargo como presidente del CGPJ y del TS, puesto en el que releva a Francisco José Hernando.
En el discurso del nuevo presidente del CGPJ ha habido un hueco especial para
recordar al brigada Luis Conde, que Eta asesinó la semana pasada en Santoña (Cantabria). Por ello, Dívar ha querido mostrar a la sociedad la "plena confianza que han de mantener en las Fuerzas de Seguridad y en los Tribunales".
"Son muchas y relevantes las transformaciones pendientes en nuestra Administración", ha recalcado. El nuevo modelo de oficina judicial -diseñado en 2003-, el desarrollo de las tecnologías de la información en los procedimientos judiciales, o la reforma del proceso penal se han erigido como las principales reformas a realizar.
En cuanto a éste último, Dívar ha explicado que es muy importante la "definición de un perfil acorde con la época en la que nos encontramos" y del papel que jugará el Ministerio fiscal.
Por último, el presidente del CGPJ se ha referido al
Plan de Transparencia Judicial creado en 2005 y que conllevaba un Pacto por la Justicia y una Carta de Derechos de los Ciudadanos. Así, Dívar a instado a la Administración a "volcar esfuerzos en conseguir una Justicia que escuche las quejas y sujerencias de los usuarios y que sea responsable ante ellos", ha concluído.
Conde-Pumpido reclama una Ley de Enjuiciamiento CriminalCándido Conde-Pumpido ha destacado en su discruso el acuerdo que ha permitido renovar el CGPJ tras dos años de retraso. Además de expresar sus mejores deseos hacia el nuevo presidente del Tribunal, el fiscal general del Estado ha instado a
velar sobre la independencia de los tribunales e incluso ha alentado a estrechar lazos entre los diferentes organismos de la Justicia, lo que, a su juicio, repercutirá en una mejora del servicio público.
El fiscal general del Estado
ha destacado "la inaplazable e imperiosa" necesidad de que el legislador acometa la reforma de la Jurisdicción Penal y redacte y apruebe de una vez por todas una Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "de la democracia".
Conde-Pumpido ha afirmado que la falta de una LECrim "de la democracia" da lugar "a una de las mayores paradojas de nuestro sistema jurídico": que es en el ámbito de la Justicia Penal, donde los derechos fundamentales corren mayor riesgo de verse afectados, "donde la normativa de este Estado social y democrático de Derecho permanece anclada a sus raíces preconstitucionales".
Además, ha lamentado que "una y otra vez" las normas penales sean sometidas "a reformas ocasionales, parciales y en no pocas ocasiones subsidiarias de acontecimientos que alarman a la opinión pública".
Ha añadido que el hecho de que los trabajos emprendidos en el Congreso para la reforma de la LECrim no llegasen a nada en la pasada legislatura "no sólo no empece para que en el nuevo periodo legislativo que ahora se abre pueda acometerse ese objetivo de manera definitiva, sino que puede servir de aliciente a la búsqueda del consenso parlamentario".
Aunque el fiscal general se abstiene de formular su opinión acerca de cuál debería ser el contenido de la reforma, sí ha dicho que la Fiscalía "está en condiciones (...) de asumir las funciones y -sobre todo- las responsabilidades inherentes al papel que corresponde al Ministerio Público en las legislaciones más desarrolladas de nuestro entorno".
Se ha referido Conde-Pumpido a la atribución a los fiscales de la instrucción de las causas judiciales, lo que llevaría a la desaparición de la figura del juez instructor y su conversión en un "juez de garantías" que se limitaría exclusivamente a velar por los derechos de las partes en el proceso.
El fiscal general también
ha pedido al Gobierno que acometa la reforma de la Audiencia Nacional mediante la especialización de sus órganos, de modo que los asuntos de terrorismo, grandes delitos económicos o narcotráfico y blanqueo de dinero se lleven en Juzgados y Salas distintos.
También ha abogado por incorporar a las competencias de ese tribunal "nuevos hechos delictivos" relacionados con el cibercrimen o con el tráfico de seres humanos.
Otras reformas que se plantean en la Memoria de la Fiscalía son las siguientes:
- TRÁFICO: se solicita que las personas sancionadas por primera vez con la retirada del permiso de conducir por un plazo inferior a dos años estén tres meses sin carné, mientras que el resto del tiempo la pena quedará suspendida condicionalmente. La sugerencia parte de la evidencia de que muchas de esas personas no pueden realizar su trabajo habitual sin el coche.
- VIOLENCIA MACHISTA: se propone que sean incluidos "aquellos casos en los que un hombre desea tener una relación sentimental con una mujer y ésta no lo acepta", ya que al no existir relación sentimental previa no se puede aplicar al agresor las penas previstas en el Código Penal para los casos de violencia de género.
- PORNOGRAFÍA INFANTIL: se pide el agravamiento de las penas en los casos de tenencia de pornografía infantil para consumo propio, ante la constatación de que quien comienza como mero consumidor a menudo se convierte en productor o distribuidor de este material.
- GRAFFITIS: se reclama la tipificación como delito de la realización de pintadas sobre el mobiliario urbano o el transporte público, ya que hasta ahora se exige que el bien quede inutilizado y se considera sólo falta el "deslucirlos".
Dívar ha presentado la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia, que este año se pone como reto la modernización de la Administración, tras las polémicas surgidas en los últimos meses en torno a la Justicia.