La Ley de Dependencia no se cumple en ninguna región

La Ley de Dependencia, "producto estrella" en el ámbito social del presidente del Gobierno, sigue generando polémicas por la falta de información que los partidos políticos y la sociedad reciben. Las denuncias se multiplican, bien por no saber el destino de los presupuestos, por las solicitudes sin contestar o por la falta de conocimiento por parte del Ejecutivo.

Las quejas llueven desde multitud de frentes. Jesús González, secretario de organización de UPJP, Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados, ha asegurado que las administraciones tardan un año de media en responder a las solicitudes y esto supone que algún solicitante muera sin poder beneficiarse de la Ley, el Gobierno no se ha pronunciado al respecto. Además, también hay problemas en relación con el dinero ya que no se hace público el destino de los presupuestos.

Además, se ha pedido rigor en la evaluación de los Programas Individuales de Atención, en los que se determine las prestaciones y servicios a percibir y también la creación de más infraestructuras para los dependientes, muchas peticiones que el Gobierno o, no recibe, o hace oídos sordos.

Los jubilados piden más información ya que es prácticamente nula.Ni el propio Gobierno dispone de los datos que solicita la sociedad y alega que las Comunidades no se los han facilitado. La Ley de la Dependencia está desatendida.

Dejando a un lado la crisis, el Gobierno de Zapatero ha decidido aumentar un 33 por ciento los fondos para la Ley de Dependencia hasta alcanzar los 1.158 millones de euros previstos para 2009 en los Presupuestos Generales del Estado. La ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, ha reconocido que hay más “cuidadores informales” que lo que la ley preveía.

El desconocimiento de cuántas personas han recibido el dinero o las prestaciones también es otro aspecto que ha sido denunciado por parte de los partidos y de los beneficiarios. El principal problema del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero es que generó demasiadas expectativas sobre los servicios de dicha Ley.

Valorando la situación, el PP pone en duda las "promesas" de ZP y han declarado que en el año 2014 el Gobierno seguramente aportará el 9 por ciento de los gastos de la Ley, mientras que el resto lo tendrán que asumir las comunidades autónomas y no será el 50 por ciento por ambas partes como aseguró el Gobierno.