Desatinos judiciales

Ha dicho la Vicepresidenta del Gobierno, María teresa Fernández de la Vega, que cualquier Tribunal Constitucional “daría el visto bueno al Estatut catalán”. Así como suena. Un miembro cualificado del Gobierno, pronosticando fallos judiciales –dicho en sentido no sólo jurídico- en un determinado sentido. Aún debe resonarle a la actual Presidenta del TC, María Emilia Casas, el abroncamiento público a que fue sometida por de la Vega durante la celebración de un desfile militar, mientras ambas estaban en la tribuna de invitados. No es para menos. El PSOE de Zapatero, con frecuencia, se ha caracterizado por un indisimulado afán en controlar todos los resortes judiciales del país. De todas las negociaciones que forman parte de cualquier juego parlamentario –presupuestos, competencias autonómicas o lo que toque-, donde más correosos se muestran los socialistas es en materia jurídica.


Y es en dicha materia donde se fraguan los experimentos más rocambolescos, pergeñados por alguna mente jurídica preclara de Ferraz. Sólo así se explica la iniciativa de Mercedes Gallizo, directora a la sazón de Instituciones Penitenciarias quien, habida cuenta de la masificación que sufren nuestras cárceles, no se le ha ocurrido mejor idea que la de sugerir que aquellos presos con condenas inferiores a dos años, cumplan su pena fuera de los recintos penitenciarios. ¿Qué dónde cumplirían su pena? Eso habrá que preguntárselo a la señora Gallizo. Pero hay más. Al parecer -y a juicio de Cándido Conde Pumpido- Fiscal General del Estado, los fiscales tienen poca carga de trabajo. Por eso ha dejado entrever la posibilidad de que sean ellos, y no los jueces, quienes lleven a cabo la instrucción de determinados delitos.


Tamaño disparate ha pasado más o menos desapercibido, cuando la gravedad del asunto bien valdría que la oposición despertase de su letargo para, al menos, clamar por algo verdaderamente serio e importante. Todo el mundo recuerda el juicio por los atentados del 11-M en Madrid. La instrucción la llevó a cabo el juez Del Olmo, y quien dictó sentencia, oídas las partes, fue un Tribunal diferente, presidido por Javier Gómez Bermúdez. ¿Por qué? Sencillamente, porque nuestro sistema penal es sumamente garantista y el hecho de que el juez que finalmente juzgue sea distinto al que instruye –es decir, investiga, practica diligencias, interroga, etc.- aporta una dosis de independencia mayor. O lo que es lo mismo, seguridad jurídica. Porque el juez es independiente. Pero el fiscal no. De hecho, al fiscal se le conoce también como Ministerio Público, o lo que es lo mismo, la representación del Estado en la administración de justicia. Los jueces no responden ante nadie. Los fiscales sí, al Fiscal General del Estado, que a su vez suele ser una figura bastante sumisa al Ejecutivo de turno. Si esto sale adelante, podría darse el caso de que un fiscal instruyese una causa, pongamos por caso por corrupción urbanística, si no sigue unos determinados derroteros, fuese apartado del cargo. Recordemos que la dependencia jerárquica que tienen obliga a los fiscales a obedecer las directrices marcadas por el Fiscal General del Estado. ¿Sólo una idea? De momento. También lo era el Estatut…