La democracia británica se ha resumido siempre en dos palabras: Ley y Orden. Sin orden público, sin ley obedecida, el cuerpo social se descompone. Cánovas del Castillo quería para España, y por ello trabajó, la libertad de la que gozaba Gran Bretaña, pero siempre bajo la fórmula de la ley y el orden.
Barcelona, la bellísima, extraordinaria capital de Cataluña, se deteriora un poco más cada semana. Ada Colau preside una ciudad que se distingue por la suciedad y la inseguridad. La criminalidad crece de forma imparable, los altercados callejeros se multiplican, los robos en las casas alarman, los comercios viven angustiados y el problema endémico de la vivienda se mantiene en todo su esplendor.
Todavía el buen sentido de los catalanes mantiene una apariencia atractiva para visitantes y turistas, pero la hostilidad de la Generalidad a todo lo español, los alardes en favor de la utopía secesionista y la radicalización de los partidos políticos vaticinan una situación límite porque sin ley democrática, sin orden público, las sociedades se encaminan hacia el desastre.
Los secesionistas se despedazan entre ellos. Los partidos constitucionalistas, especialmente el PSC, tiemblan indecisos. El miedo recorre la columna vertebral de la vida barcelonesa y la repercusión económica de tanto despropósito muestra ya sus perfiles más áridos. “De ser una de las regiones más modernas y probablemente la ciudad más culta de España -se lee en un periódico digital- Cataluña y Barcelona se han convertido en un sumidero en el que se están hundiendo la seguridad, la salubridad, la economía y todo lo que separa a una urbe europea de un arrabal del tercer mundo”.
El espíritu de moderación que predomina en la sociedad catalana tal vez encuentre medios para reconducir la situación porque, por el momento, el Gobierno de España no piensa en otra cosa en su relación con Cataluña que en hacer las concesiones más absurdas con tal de que los partidos catalanes continúen votando a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.