Lo ha dicho uno de los líderes políticos chileno: el resultado del referéndum del 4 de septiembre ha sido, más allá de cualquier otra consideración, una victoria del sentido común. Y, claro es, rotundamente democrática. A pesar de las mil presiones ejercidas sobre la ciudadanía para que respaldase el proyecto de Constitución impulsado por el joven presidente Gabriel Boric, adalid del llamado “progresismo” más radical, con la que querría pasarse página de la larga etapa en que ha presidido la vida chilena la denominada Constitución de Pinochet, aprobada ciertamente en 1980, pero modificada ya en la etapa democrática: una larga etapa en la que Chile se había distinguido por ser el país sudamericano que más había avanzado en todos los órdenes, aun, obviamente, no sin problemas ni deficiencias.
El paso de las décadas no ha sanado las profundas heridas, la honda fractura provocada desde hace más de medio siglo por las pretensiones revolucionarias de signo comunista castrista de Salvador Allende y la reacción que puso al frente del país al General Pinochet en septiembre de 1973, quien, para extirpar los focos revolucionarios, instauró un régimen inicialmente militar y dictatorial que incurrió en diversos excesos hasta que, pasados unos años, dio paso a una reinstitucionalización democrática.
El anuncio, hace pocos años, de que las fuerzas políticas podían ponerse de acuerdo para consensuar una nueva Constitución que conciliara y superara en lo fundamental las divisiones, fue una puerta abierta a la esperanza, máxime en un tiempo en el que las más de las repúblicas sudamericanas han ido sucumbiendo a regímenes populistas y con sensible degradación del Estado de Derecho, con serios problemas económicos y poniéndose cada vez más en manos de China y Rusia.
Los pasos que luego se fueron dando y el alzamiento a la presidencia de la República de Gabriel Boric, no auguraban, sin embargo, nada bueno.
Cuando pudo conocerse hace pocos meses el proyecto de Constitución elaborado, que se quería llevar a la aprobación popular, resultó evidente que no respondía a ninguna voluntad coherente de consenso y reconciliación, sino de burda imposición de unos sobre otros. Su enorme extensión (¡388 artículos!, varios de ellos larguísimos, y ¡57 disposiciones transitorias!) y muchas de sus previsiones, netamente partidistas y faltas de verdaderas garantías, hacían presagiar, además, que, de salir adelante, ni pacificaría el país ni a la postre podría ser viable por mucho tiempo.
Es un error craso tratar de convertir la Constitución en una especie de código general sobre todas las cuestiones de alguna relevancia social, máxime si se pretende además que responda a los muy discutibles y discutidos criterios de una mayoría minoritaria que pudiera lograr imponerlos en el texto. La Constitución debe limitarse a establecer las líneas maestras de la organización jurídico-política con arreglo a las pautas del Estado de Derecho, determinando lo esencial para la garantía de los derechos fundamentales y de la separación de poderes y todo con el máximo acuerdo posible. Pretender aprovechar su supremacía y especial rigidez para imponer programas políticos más o menos completos de una parte de la ciudadanía, es un dislate y no conduce más que al fracaso.
El proyecto constitucional que el pueblo ha, con toda razón, rechazado, trataba de organizar políticamente a Chile con una pluralidad de ordenamientos verdaderamente utópica, erigía a la naturaleza en sorprendente sujeto de derechos, restringía las libertades y derechos con la imposición de paridades y pautas feministas a troche y moche, destrozando además la lengua española, desconocía paladinamente el derecho a la vida del ser humano aún no nacido, erigía la ideología de género y el indigenismo en pautas constitucionales, espolvoreaba por doquier todo tipo de posibilidades intervencionistas y establecía regulaciones institucionales favorecedoras de una autocracia imprevisible.
El “Servicio electoral”, con funciones propia de una Junta Electoral Central, estaría formado por 5 “consejeras y consejeros, designados por la Presidente o el Presidente de la República, con el acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta y por la mayoría de sus integrantes en ejercicio”, por ¡ocho años! y ¡reelegibles! (art. 164) Y la Corte Constitucional tendría once “juezas y jueces” elegidos por nueve años y también reelegibles sin límites, del siguiente modo: cuatro por el Consejo de Justicia a partir de un concurso público, cuatro por la mayoría de los componentes del Congreso y de la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, y…¡tres! ¡“por la Presidente o el Presidente de la Republica”! (art.378)
El Presidente Boric ya ha dicho que reemprenderá el camino de lograr un texto constitucional que pueda representar mejor la voluntad del pueblo chileno.
Mucho me temo que si el Sr. Boric estuviera en la oposición, estaría ya movilizando a sus seguidores para pedir la renuncia del Presidente que hubiera avalado una Convención constitucional que ha propuesto un texto tan ampliamente rechazado por el pueblo. ¿Se puede hacer peor? ¿No llegó el Sr. Boric a donde está para lograr una Constitución “del pueblo chileno”? ¿No es lógico pensar que, ante su fracaso, sería mejor que otro lo intentase?
Pero, en fin, esperemos que, al menos, se imponga el mismo sentido común que ha triunfado democráticamente en el referéndum, y el Sr. Boric facilite su expresión con un planteamiento completamente renovado de lo que deba hacerse para lograr una Constitución de todos y para todos, de verdad.
El futuro de Chile depende de esto. Pero también el de tantos otros países de Iberoamérica en los que Chile puede ser el ejemplo a seguir o…un empujón más hacia el precipicio.