Le está costando a Pedro Sánchez su asalto al Tribunal Constitucional. Primero, Lesmes denunció las presiones y amenazas del Gobierno para que fuera dócil, pero ahora, en el acto de inauguración del año judicial, ha amenazado con dimitir si el presidente del Gobierno y el líder del PP no llegan a un acuerdo para renovar el TC. En su discurso, el presidente del CGPJ ha dicho que “la renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política con sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento claro del mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones” Por ello, ha solicitado "pública y solemnemente" a Sánchez y Feijóo que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución a esta “situación insostenible” y que el CGPJ sea renovado en las próximas semanas.
Poco antes, 8 vocales del CGPJ emitieron un comunicado para reclamar unas “reglas del juego” que otorguen tiempo al Consejo para un pacto “en aras de la institucionalidad”. Esto es, al igual que Lesmes, se resisten al intento del Gobierno de controlar con una mayoría “progresista” el Alto Tribunal. Se resisten a la pirueta legal que se ha inventado el Ejecutivo para lograr sus propósitos sin necesidad de pactar con el PP, según estaba establecido.
Los 8 vocales “rebeldes” explican que “después de un intenso debate, hemos concluido que nuestra postura pasa por defender la institucionalidad y que ello impone que lleguemos a acuerdos debidamente consensuados”. Ése, la institucionalidad, es el motivo por el que los 8 vocales no están dispuestos a tragarse la añagaza que Sánchez ha querido convertir en ley. Solo están dispuestos a negociar y consensuar los dos nombres de los nuevos magistrados del TC. De momento, esta decisión puede impedir que se cumpla la fecha del 13 de septiembre que establece la ley para acordar los nombres.
Los vocales, sin embargo, no descartan intentarlo. Y se comprometen a cumplir “con la legalidad vigente”. Pero es evidente que los vocales díscolos no aceptan “la legalidad vigente” a la que se refiere Pedro Sánchez. La legalidad vigente, como ha dejado claro Lesmes, es que el PSOE y el PP pacten la renovación. Por ahora, el CGPJ resiste el intento de asalto gubernamental. Lo que ocurra al final todavía es imprevisible.