Guerra imaginaria a la Camorra

En los últimos días, se asistió a una mega-operación policial contra la Camorra, organización criminal mafiosa que controla el territorio de Nápoles, que llevó a la detención de más de 100 personas y la incautación de bienes por un valor de más de 100 millones de euros. Mientras el Gobierno celebraba el resultado alcanzado, sus Ministros discutían sobre un problema dialéctico-semántico: según el Ministro del Interior, la Camorra ha declarado “una guerra civil al Estado”, calificando a los asesinatos de las últimas semanas (de seis inmigrantes africanos en la provincia de Caserta) como “un acto de terrorismo” y justificando de esa manera el envío de otro 500 soldados y 400 policías a la sureña Campania. Por su parte, el Ministro de Defensa ha mostrado su enfado por el uso impropio de la expresión “guerra civil”, reduciendo el fenómeno a una “guerra entre bandas” para conseguir el control y la primacía en el monopolio de la delincuencia.

Frente a una evidencia, la cuestión semántica poco nos interesa: el Estado ha perdido el control sobre una zona de su país y aunque anhele “recuperarlo” como declarado por los mismos miembros del gobierno, la situación es más grave de lo que cabría esperar. El envió de nuevas tropas es una medida cíclica demasiado manida y cuyo resultado es dudoso: en noviembre de 2006, el entonces presidente Romano Prodi actuó de la misma manera, anunciando el envió de más de mil agentes de policía. Desde que es presidente, Berlusconi ya ha realizado dos “inyecciones” de hombres: sin embargo, la emergencia criminal sigue siendo presente. Además, el uso de la palabra emergencia es otro “abuso” del gobierno: ¿Cuántos años lleva la Camorra operando en Campania? ¿Y una emergencia no requiere una acción rápida y tempestiva?

Nápoles representa una de la ciudad más violenta de la Unión Europea y, lamentablemente, el uso de la palabra guerra describe bien el fenómeno. A pesar que el número de muertos está muy lejos de la guerra de facto en Tijuana en los últimos días, no puede dejar a un Estado indiferente: desde 1980, la Camorra ha asesinado a más de 3600 personas; más que la suma de IRA, ETA y Brigadas Rojas; más que la Mafia Siciliana o la ‘Ndrangheta calabresa. La media es de uno cada dos días y medio: una cifra que no tiene iguales en ninguna ciudad de Europa. Mientras tanto, la organización criminal cuenta con más de cincuenta “clanes” activos, mucho más de 10mil dependientes-afiliados y unas 50.000 personas que comparten intereses económicos-comerciales con ellos. Los ciclos de las guerras camorristas para el control del territorio se han acelerado: es verdad que casi todos los asesinatos son relacionados con guerras intestinas o venganzas familiares, pero la intensidad de la matanza y los “daños colaterales” obligan a planearse una solución.

Las operaciones estatales consiguen resultados en el breve periodo y muchas veces se quedan como acciones aisladas: sin embargo, debido a la gravedad del problema, debería plantearse una solución de largo plazo, una estrategia que mire a reafirmar “la primacía de las instituciones y el principio de legalidad” en un territorio que considera que el Estado ha abdicado, derogando sus funciones a una organización paralela, criminal por cierto, que pero se encarga de sus ciudadanos. La Camorra no se derrota sólo con nuevas fuerzas de seguridad: las raíces del problema son más profundas. El envío de fuerzas debe ser coordinado con otras intervenciones como el reforzamiento de la investigación policial y medidas judiciales efectivas.

Y, aún así, no se está analizando al problema desde su punto principal: la necesidad de un “saneamiento urbanístico-social” de las zonas afectadas. La prensa reduce la endémica crisis de Nápoles a la combinación de Camorra y falta de empleo: no es tan sencillo. En las últimas décadas, la cultura de la ley, el respecto de las reglas y la confianza en el Estado han sido substituidas por la imagen que los clanes ofrecen a los niños napolitanos: un futuro de oro y oportunidades heroicas dentro del mundo del crimen. El poder de fascinación es tanto que centenares de jóvenes tienen como tono del móvil la canción de “Il padrino”, sueñan de vivir como Al Pacino en Scarface o contar con las ayudas del “plan camorristico” una vez detenido en la prisiones patrias. Cada año casi 10mil niños abandonan el sistema educativo de forma prematura para emprender su carrera dentro de la organización: vigilante (palo), soldado (corriere de la droga) y luego después del aprendizaje, listo para nuevas tareas, de más responsabilidad, riesgo y rentabilidad. Mientras tanto, lo demás napolitanos han aprendido a convivir con la Camorra, como algo que no se puede eliminar, sólo evitar: en ciudad “todos sabemos de todo” pero el silencio vale más y no importa prescindir de una parte de la ciudad, abandonarla en su manos; consecuentemente, se percibe la impotencia estatal y la negligencia administrativa como la regla y, sin fuerzas de rebelarse, se acepta un compromiso inaceptable.

La camorra no es sólo un problema político, sino socio-económico: por favor, devuelvan la esperanza a la gente honesta que vive allí. Sino, ¿estamos tan seguros que el Estado quiera solucionar el problema?