El Senado ha dado este miércoles luz verde definitiva a la ley de Memoria Democrática, que nace lejos del consenso social o político después de que el Gobierno del PSOE y Podemos aceptase sin cortapisas esta propuesta de Bildu. La nueva norma persigue, entre otras cosas, que el Estado revise posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, que podrán ser juzgados retroactivamente por una comisión ad hoc.
Sin embargo, el constitucionalismo español considera esta ley un intento de reescribir la historia para "deslegitimar" la Transición. Así lo han expresado este martes, a pocas horas de su aprobación final, el exministro Rafael Arias-Salgado, la constitucionalista Teresa Freixes y el historiador José Varela Ortega, en un debate organizado por la fundación Transición Española.
Un texto legal de esta importancia llega a la cámara alta con el arco parlamentario absolutamente dividido, sin que el PSOE haya aceptado "ni una coma" de las enmiendas propuestas por PP, Vox o Cs; pero en cambio, sí ha votado favorablemente a los cambios introducidos por Podemos o Bildu, tal y como ha denunciado Arias-Salgado. Del mismo modo, el exministro con Suárez y Aznar ha afeado que no se haya permitido ninguna comparecencia en las Cortes, aun para los propios actores que participaron en la Transición.
En su opinión, el objetivo real de esta ley es "deslegitimar la Transición y el proceso constituyente", como si el franquismo continuase vigente a día de hoy y fuera el actual Gobierno el encargado de "abolirlo". Lejos de pretender buscar la verdad, la idea es, según su criterio, "volver a hacer que sangren las heridas que la Transición cerró".
Por su parte, la catedrática en Derecho Constitucional y presidenta de la organización civil Concordia Cívica, Teresa Freixes, que ha tildado de "infantil" la norma, se ha preguntado cómo puede saber el legislador "qué es democrático" y ha puesto en cuestión que no vaya más atrás en el tiempo, por ejemplo, para revisar, los procesos emprendidos por los llamados 'tribunales populares' durante la Segunda República. Asimismo, ha manifestado su preocupación por los integrantes de la Comisión que pretende crearse para dirigir todo este proceso revisionista, así como por la "inseguridad jurídica" que implica juzgar hechos de forma retroactiva.
"Todas las Constituciones desde Cádiz han ido contra el otro. La primera vez en la historia en que se acepta que no va a ser una Constitución de unos contra otros es en 1978", ha manifestado Freixes, quien ha recordado que todos los partidos participaron en su redacción. Sin embargo, la nueva ley pretende "desestimar el origen del sistema para deslegitimar el sistema", ha añadido.
Por último, el historiador José Varela Ortega ha tachado de "disparate" o "chiste" la norma, rechazando que aspire a regular la "memoria histórica": "Los sujetos colectivos no tienen memoria, la memoria es individual", ha enfatizado, recordando que el "relato de la Transición", que la izquierda y el nacionalismo trata de cambiar, nació del "arrepentimiento de los perdedores de la guerra". Sin embargo, el problema es, en su opinión, "que los perdedores de la Guerra Civil no admiten que hubo una Guerra Civil".
Varela Ortega ha asegurado que del texto se desprende la idea de que "lo bueno es el enfrentamiento y los bandos" y ha advertido que el PSOE terminará pinchando en "hueso democrático" por utilizar un asunto como este para "pagar un precio a sus aliados". "Como decía Pérez Rubalcaba, querían socializar a los nacionalistas y ha sucedido todo lo contrario: los socialistas han terminado nacionalizados".