Por supuesto, nadie creyó a la ministra de Justicia cuando aseguró que al viajar en el Metro escuchaba a la gente hablar del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. A buen seguro que Pilar Llop se dio cuenta de que la sandez era tan grande que no ha vuelto a insistir en su aseveración porque, si de verdad alguien del Gobierno se baja del Falcon o del coche oficial para “moverse” en Metro por Madrid, lo más probable es que escuche quejas de lo cara que está la comida y la gasolina, lo que va a subir la factura de la luz y la calefacción cuando empiece a hacer frío o de la alineación del próximo Madrid-Barça.
No por ello, la guerra entre el PP y el PSOE por el control de la Justicia deja de ser importante para los españoles que, por lo que se está viendo en las últimas fechas y reuniones, parece que empieza a desbloquearse. O eso nos quieren hacer creer.
Y digo yo: ¿Es posible hoy la despolitización de la justicia? ¿Hay en España una separación de poderes real? ¿Qué credibilidad o confianza se genera si se acepta que se nombre fiscal general del Estado a una ministra del partido en el Gobierno? ¿Hasta cuándo van a seguir PSOE y PP jugando al intercambio de cromos con sus jueces afines, sin sacar las manos del Poder Judicial y sin injerencias? ¿Cuándo devolverán el crédito a las instituciones?
Cuenta Ángela Martialay que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, dimitió al comprobar vía whatsapp el fracaso de los contactos secretos que mantenían Félix Bolaños desde el PSOE y Esteban González Pons en el PP tras la visita para poner orden del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders.
Lesmes hizo algo muy sensato, pero que muy pocos servidores de lo público son capaces de hacer por no perder estatus: dimitir. Entiende que no tiene sentido continuar como presidente cuando falta acuerdo político. Así, toda la responsabilidad recae en los que tienen el poder Ejecutivo y no el Judicial, aunque estos límites sabemos que se nos presentan muy confusos la mayoría de las veces.
Ahora, para que no se caiga de vergüenza una vez más una cara que ya se ha caído infinitas veces, vuelven a escenificar en el Palacio de la Moncloa un nuevo intento de acuerdo entre los dos principales líderes de PP y PSOE. Una foto (¡claro, cómo no!) entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y declaraciones vagas e imprecisas sobre la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Mucho ruido y pocas nueces. Fuego de artificio, como siempre.
Porque la realidad es que las posiciones siguen igual, el PP exige que sean los propios jueces los que nombren a sus representantes y el PSOE quiere que la cosa siga como hasta ahora. A veces es difícil discernir quién persigue la mayor maldad, pero parecería que tiene más lógica, amén del respaldo popular, que la opción final se decantara porque sean los magistrados los que nombren directamente al menos a 12 de los 20 miembros del Consejo.
Si el PP no cambia de parecer y el PSOE sigue en su posición de siempre, la de no cambiar el método de nombramientos y renovación de órganos judiciales, el problema seguirá sobre la mesa en los informativos de televisión, tertulias radiofónicas y editoriales de la prensa escrita, no así en las conversaciones de barra de bar o Metro.
Hay solución, pero nada está decidido. Dicen que hay voluntad política, pero todo está por decidir. Este jueves, cuando se resuelva, si se resuelve, la cuestión de la sustitución de Lesmes, empezaremos a ver si se avanza. La Justicia, desprestigiada, se debate entre candidatos progresistas y conservadores, entre opciones que benefician a unos más que a otros, entre los buenos y los malos, los míos o los de enfrente.
Tampoco ayudan para dar una visión de imparcialidad en esto de hacer justicia las asociaciones de magistrados con perfil político. Si celebramos la separación de poderes y decimos que un político y un juez deben ser como el agua y el aceite, por qué tanto interés en encasillarse en progresista o conservador. Por ejemplo, Jueces para la Democracia. ¿Esto qué significa, que hay jueces que no son para la Democracia o, peor, que los que no pertenecen a este grupo están en una categoría democrática inferior?
Por otra parte, están los que dicen ahora que quieren hacer las cosas bien. ¿Redime al PP este cambio de postura y de las reglas del juego después de tantos años eligiendo ellos también “a los suyos”? Abogar por unos jueces que, llegado el caso, van a velar de verdad por el interés general y no por el particular, es loable. Tendría que ser lo normal, pero como no lo ha sido desde que murió Montesquieu en España. En cualquier caso, aunque tarde, bienvenido el paso de los populares de dar “un aire” de independencia a los jueces.
No hay por qué dudar todavía, pero habrá que ver si Feijóo cumple todas las cosas que está diciendo que hará y derogará cuando llegue a la Presidencia del Gobierno. Comprobamos con más frecuencia de la que a todos nos gustaría que las promesas son más difíciles de mantener cuando se pisan las alfombras de Moncloa que cuando se hacen en las ruedas de prensa desde la oposición.
Sobre el PSOE, se suele decir que busca mantener el sistema actual de elección de jueces para tener influencia en algunos casos de corrupción en los que se pueda tener responsabilidad. El caso es que mientras pensamos en ello, el Gobierno, legítimamente, sigue haciendo y deshaciendo a su antojo y el expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado por el mayor caso de corrupción en la historia de España, espera su indulto de Sánchez y no entrará en prisión.
Así no se despolitiza la Justicia. Pero la responsabilidad final de este indulto no es de los jueces, más bien del que gobierna predicando una cosa y haciendo la contraria. ¿Es justo?