Los Presupuestos Generales del Estado para 2023 están enfrentando críticas unánimes. La última ha venido de la AIReF, cuya presidenta ha manifestado en el Congreso de los Diputados que los Presupuestos, fundamentales para que Sánchez concluya la legislatura, nacen “viciados”. En sintonía con otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, la Autoridad Fiscal independiente señala que las previsiones de ingresos no son en absoluto realistas, porque están basadas en unas cifras de crecimiento irreales.
Se suma así a las demoledoras críticas que le llegan a las previsiones del Gobierno desde los más diversos ámbitos. Tanto el Banco de España como BBVA Research o el FMI tiran por tierra el escenario macroeconómico que maneja el Ejecutivo de Pedro Sánchez y dejan sus Presupuestos en papel mojado.
De nuevo, el interesado optimismo del Gobierno puede causar serios trastornos en las maltrechas cuentas públicas españolas, agobiadas por el déficit y la deuda incesante. Son excesos que España no puede permitirse, en un contexto de tipos de interés al alza y endurecimiento de las condiciones de financiación que cargan el peso del pago sobre las generaciones futuras.
El Gobierno debería rectificar, ante el incierto escenario que se abre en la economía española y mundial. Las señales de desaceleración acercan el fantasma de una recesión económica, cuando España todavía no se ha recuperado del mazazo que supuso la pandemia de Covid-19.
Pero todo indica que no lo hará. Los Presupuestos de 2023 son fundamentales para que Sánchez pueda concluir la legislatura y en Moncloa hay más mucha mayor disposición a escuchar las exigencias de Bildu y ERC, cuyos votos son necesarios para aprobar las cuentas en el Congreso, que los sonoros aldabonazos de los organismos nacionales y supranacionales que alertan del frenazo económico que llega. Sánchez pretende seguir con un irresponsable despilfarro que pagarán todos los españoles.