Este viernes, a minutos de que finalizara el plazo para presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2023, los partidos de apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso, ERC, PNV y Bildu, anunciaban que se abstendrían de presentarlas. Sánchez se aseguraba así la aprobación de sus cuentas para el próximo año.
Sin embargo, si sus socios no presentaban enmienda alguna y apoyaron sin reparos los PGE, sin exigir partidas extra para proyectos en sus respectivas comunidades, ¿dónde han estado las claves de la negociación para recibir el “sí”?
Con Esquerra, incluso confirmado por el propio Pere Aragonès en público, está apalabrada la reforma del delito de sedición. El presidente de la Generalidad, en una entrevista para TV3, reconoció que el Gobierno se comprometió, entre otras cosas, a no presentar un recurso al Constitucional contra la ley del catalán, que se salta la obligatoriedad de dar al menos el 25 % de las clases en castellano, y que la reforma del delito de sedición está sobre la mesa para finales de año.
El objetivo de ERC, por lo que apoya sin cortapisas los Presupuestos, es asegurar la limpieza del historial delictivo de sus condenados por la revuelta independentista de 2017. Una promesa de Sánchez les aferra a ello. Pero el presidente, con el horizonte de elecciones a un año vista, baraja no cumplir el trato de inmediato y postponerlo para cuando no haga daño electoral. Es decir, hasta después de un hipotético nuevo triunfo en los comicios.
ERC asume la situación dado que su interés radica en mantener a Sánchez en La Moncloa todo el tiempo que sea posible. En el entretanto, para embellecer el hiato, el objetivo se ha fijado en la expulsión de la Policía Nacional de su sede en la Vía Laetiana de Barcelona, un punto significativo para los independentistas pues fue uno de los lugares que capitalizaron numerosas protestas y enfrentamientos tras el fracaso de los referéndums.
Tanto la Generalidad, con ERC, y el Ayuntamiento de Barcelona, de los Comunes, se han puesto como objetivo recuperar dicho edificio, actualmente en obras de reforma. De hecho, dando por hecho el trato, diputados de ERC pidieron por carta a Delegación del Gobierno poder visitar las obras al considerar que podrían “estropear” una instalación que sería “una denuncia de la tortura”. La petición fue rechazada.
Por parte del Partido Nacionalista Vasco, la renovación por otros cinco años del Concierto Económico Vasco, que llevaba caducado desde diciembre de 2021, en las mismas condiciones, propició su apoyo a la cuentas del Estado.
Sobre la mesa, además, el Gobierno ha planteado el traspaso de competencias de Cercanías de Renfe al País Vasco. Por parte de la comunidad, se ha puesto sobre la mesa la jurisdicción sobre las cuencas de los ríos Nervión e Idiazabal.
Por último, Bildu mantiene su apoyo mientras sigue sacando réditos a Interior con el traslado de presos etarras a cárceles vascas, donde las competencias sobre Prisiones están a cargo de la comunidad.