“El procés -escribe David Mejía- demostró que la sedición no es un fósil decimonónico, sino una amenaza real. La reacción de un Estado funcional habría sido actualizar su tipificación para adecuarla a las sediciones del siglo XXI. Estamos camino de hacer lo contrario, cuando se ha demostrado que la amenaza de sedición es real, tapizando la ley al gusto del sedicioso”.
Y al gusto del sedicioso se propone Pedro Sánchez alterar el delito de sedición no porque crea que eso es lo justo sino porque pretende que los votos de los secesionistas catalanes en el Congreso de los Diputados le garanticen su permanencia en el poder, objetivo sustancial de su gestión política. Además, pretende engañarnos. Sus alfiles en los medios de comunicación machaconean con la equiparación europea del delito de sedición.
La realidad de la legislación europea la ha resumido El Español, el diario digital certeramente dirigido por Pedro J. Ramírez:
En Portugal están prohibidos los partidos “de carácter regionalista”, algo que incluye, por supuesto, a los que defienden la independencia de alguna parte del territorio portugués.
Otros países no prohíben en sentido estricto la existencia de partidos independentistas, pero prevén penas más altas para la sedición y los golpes contra el orden constitucional que el Código Penal español.
En Bélgica los actos que tienen como objetivo destruir o cambiar la forma de gobierno se castigan con penas de entre 20 a 30 años.
En Alemania se castiga con penas desde 10 años a cadena perpetua a quien socave la existencia de la República Federal.
En Francia se prevé cadena perpetua para quienes pongan en peligro los intereses fundamentales de la nación, y entre ellos la integridad territorial.
La Ley Fundamental alemana estipula además que “los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus afiliados tiendan a desvirtuar o a eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia, o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania, son inconstitucionales”.
Y el que quiera entender, que entienda. Los separatistas catalanes exigen a Pedro Sánchez que modifique el delito de sedición si quiere contar con los escaños del secesionismo. Y el presidente del Gobierno se postra de hinojos ante los que pretenden fracturar la unidad de España.