La improvisación, la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a quedar al desnudo en Europa. El BCE ha emitido un demoledor informe sobre el impuestazo gubernamental a la banca que debería bastar para que el Gobierno reculara y se pidieran explicaciones a los responsables del despropósito.
La autoridad supervisora bancaria alerta de que el gravamen que prepara el Gobierno compromete la viabilidad del sector bancario español, uno de los pilares fundamentales para sostener la economía, amenazada por una inminente recesión.
La estabilidad financiera de nuestro país preocupa en Frankfurt, sede de una institución que conoce bien los problemas de España porque ha tenido que “rescatarla” vía compra de deuda pública en los mercados secundarios, por un lado, y apechugando junto a la Troika en el rescate financiero del fiasco de las cajas de ahorro, por otro.
El organismo que preside Christine Lagarde ha puesto en solfa un impuesto que ataca a los bancos españoles en un momento en el que son más necesarios que nunca para el sostenimiento de una sector privado que encara una recesión económica poco después de un parón económico a causa de la pandemia de Covid, pero también se ha permitido poner en duda las promesas de Sánchez de que el gravamen no afectará al cliente. El BCE considera que, efectivamente, el bolsillo del ciudadano será el principal afectado por este torpedeo a la actividad bancaria y pagará, ya sea en comisiones o en el endurecimiento de los créditos, la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez.
El regulador bancario europeo resalta asimismo los problemas de competencia que plantea un impuesto de estas características, ya que los bancos españoles resultan perjudicados frente a otros competidores foráneos. La falta de armonización fiscal europea golpea de nuevo al mercado único del Continente, que queda distorsionado por la zancadilla fiscal de Sánchez, en un contexto en el que la inseguridad jurídica que supone un Gobierno que legisla a golpe de ocurrencia también perjudica a los inversores.
Ante este baño de realidad al que el BCE ha sometido al Gobierno, la respuesta no ha sido otra que la insolencia. Ni un día de reflexión se ha tomado la ministra de Hacienda para rechazarlo. “Son recomendaciones generales”, dijo, “no es vinculante”.
Pero ha sido el ministro de Seguridad Social el que ha protagonizado el mayor pitorreo ante la autoridad regulatoria. Según Escrivá, lo más probable es que el BCE haya copiapegado sus recomendaciones de otros informes. Por tanto, ni caso.
Otra muestra de la soberbia con la que el Gobierno encara su cínica política económica, centrada en salvaguardar los intereses electorales de Pedro Sánchez antes que el bien común.