La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha opinado este viernes que la reforma de la sedición llega tarde y ha estimado que, tras cuatro años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP "no tiene legitimación democrática suficiente" para acusar al Gobierno de traición.
"Se tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo; así venía siendo reclamado por la academia y por parte de la doctrina", ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras participar en unas jornadas sobre las oficinas de justicia en los municipios.
Preguntada por las duras críticas de la oposición, ha señalado que, a su juicio, el PP "no tienen legitimación democrática suficiente para hacer esas acusaciones tan graves al Gobierno legítimo de España" después de haber generado "un daño institucional sin precedentes" al negarse a renovar el CGPJ y forzar incluso la dimisión de su presidente.
La proposición de ley registrada este viernes por el grupo socialista y Unidas Podemos en el Congreso para transformar la sedición en un delito agravado de desórdenes públicos, he recalcado la ministra, homologa la legislación penal española a los estándares europeos y la adecúa al siglo XXI.
En 1995 la sedición pasó de estar incluida entre los delitos contra la Constitución a los delitos contra el orden público, pero se trata de una figura "desfasada", diseñada hace dos siglos.
Llop no ha querido elucubrar sobre la eventual condena que se impondría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si regresara a España, ya que serán los tribunales los encargados de interpretar la reforma, pero ha hecho hincapié en la apuesta del Gobierno por el diálogo y la convivencia en Cataluña, con "firmeza, determinación y valentía".
El Estado, ha garantizado, no queda desprotegido porque el delito de rebelión no se toca y hay además otras herramientas de carácter político, del artículo 155 de la Constitución a las mesas de diálogo.