El anuncio sobre la reforma del delito de sedición, que quedará reemplazado por otro delito de "desórdenes públicos agravados" y con penas más bajas, se ha gestado en las últimas semanas en contactos discretos, que han conseguido superar las divergencias que separaban a PSOE y ERC.
La sombra del acuerdo con Esquerra planea desde este viernes sobre la decisión del Gobierno después de que el presidente catalán, Pere Aragonès, hablara abiertamente de un "acuerdo" con el Estado para reformar el delito.
El cambio de nombre del delito y la rebaja de penas ha generado un profundo malestar entre los juristas. Asociaciones de jueces como la APM hablan abiertaente de que la reforma responde a una "decisión política" al tiempo que otras, como la Aociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), ha pedido que la modificación legislativa no sea un pretexto para crear "espacios de impunidad", informa Europa Press.
En otros términos se expresa Jueces y Jueces para la Democracia. Según el integrante del secretariado de la asociación, Edmundo Rodríguez, la reforma del delito de sedición es consecuencia de la necesidad de modernizar los delitos contra el orden público, "cuya regulación data del siglo XIX y está anticuada".
Ahora se inicia la tramitación de la reforma del Código Penal, en la que ERC tratará de aprovechar para retocar también el delito de malversación, para que afecte lo menos posible a casos como el 1-O y se consigan, en la práctica, unos efectos similares a los de una amnistía. En cambio, desde el Gobierno, recalcan que la petición de amnistía no tiene futuro y, sobre la petición de más cambios legales, dicen que en lo que hay que centrarse ahora es en esta reforma anunciada.
A las voces de desconcierto de juristas y vocales del CGPJ se suman jueces del Tribunal Supremo y su fiscalía. Según informa El Mundo, la sustitución del delito de sedición por desórdenes públicos ha despertado "incredulidad" por "desarticular" los argumentos de la sentencia del procés, lo que supone una "amnistía ad hoc, encubierta". Y, es más, trasladan que desacredita a la justicia española en Europa.