Aún no conocemos cuáles son las líneas rojas del actual Gobierno social-comunista presidido por Pedro Sánchez. Cada día nos despertamos con un escándalo, una ocurrencia o con una asombrosa decisión del Gobierno que viene a derribar el marco de convivencia y el modelo de sociedad que nos hemos dado los españoles en los últimos años y que ensombrece o empequeñece lo acontecido el día anterior.
Desde el Gobierno se ataca y se ningunea a la Corona, se ataca y desacredita a los jueces, se ataca e insulta al principal partido de la oposición, se ataca y se castiga a las comunidades autónomas que son gobernadas por otras opciones políticas y se ataca y se cuestiona a los medios de comunicación por no convertirse en voceros de las consignas del Ejecutivo. La estrategia de Pedro Sánchez pasa por no dejar títere con cabeza para que la única cabeza que se perpetúe sea precisamente la suya.
El ataque desde el interior de las propias instituciones no debemos confundirlo con torpeza o falta de pericia como gobernante, que también existe y merece ser objeto de otro artículo, sino con un plan orquestado que podría tener como fin último desmontar la arquitectura jurídico-política que dio lugar a la España constitucional que hoy conocemos y propiciar un cambio de régimen que nos lleve a un modelo de Estado federal, del gusto de sus socios de investidura y de gobierno, o a una suerte de régimen de corte populista como los que hoy asolan buena parte de los países de Hispanoamérica.
Para ello, el presidente Sánchez, como vemos todos los días, no ha dudado en tomar las instituciones para atacarlas desde dentro o, en el mejor de los casos, para servirse de ellas. Tampoco ha dudado en hacer uso de su mayoría Frankenstein en el Congreso de los Diputados para tratar de modificar aquellas leyes que molestaban a sus socios. El último capítulo conocido ha sido a cuenta de la pretendida reforma de los delitos de sedición y de malversación, pactada con los que fueron precisamente condenados por ello en Cataluña y con la que pretende matar dos pájaros de un tiro, librando de la cárcel a Griñán y a otros ex altos cargos socialistas condenados por el mayor caso de corrupción conocido jamás en España sin necesidad de indulto.
Son los portavoces de ERC y de Junts per Catalunya los que marcan la hoja de ruta al Gobierno de España y a quienes debemos escuchar para conocer los próximos pasos de Pedro Sánchez. Y ya han avisado en público y en privado que no se conformarán con la reforma del delito de sedición o de malversación y que su objetivo es celebrar un referéndum y, que nadie lo dude, la independencia de Cataluña.
Nadie debe pensar que la democracia y las libertades están aseguradas en nuestro país o que la arquitectura jurídico - política de España es inmutable. Por eso, todos deberíamos permanecer alerta y denunciar por todos los medios a nuestro alcance el ataque constante a nuestro país, a sus instituciones y al modelo de convivencia que nos hemos dado por los que deberían ser, precisamente, sus principales defensores y valedores. Pero me temo que sólo las urnas pueden parar ya este despropósito y aún nos quedan largos meses para que eso ocurra. Muy largo y difícil se presenta 2023 con un presidente y un Gobierno fuera de control y sin líneas rojas que marcar y defender.